"Indudablemente la CPI está en una coyuntura bastante particular, ha tenido un crecimiento importante y está llegando a un momento de quiebre", dijo Gómez, director del Centro de Estudios Jurídicos de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT en la ciudad colombiana de Medellín.
Esta semana Rusia, Sudáfrica, Gambia y Burundi retiraron su firma del Estatuto de Roma, el tratado constitutivo de la CPI, acusando al alto tribunal de parcialidad.
"Nuestro análisis ha confirmado que la Corte Penal Internacional perdió su estatus de instrumento imparcial de la justicia internacional", dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, luego de que el martes la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, calificara la situación en Crimea y Donbás como un "conflicto internacional entre Rusia y Ucrania".
Rusia firmó el Estatuto de Roma en el año 2000 pero no lo ratificó, por lo que no está comprendida en la jurisdicción de la CPI, al igual que EEUU, China, Ucrania y otros países.
Burundi, Gambia y Sudáfrica consideraron el miércoles que la CPI se ocupa únicamente de enjuiciar a líderes africanos.
"Estamos viendo unos primeros fallos, especialmente en contra de líderes africanos, que han hecho que algunos países miembros y observadores señalen cierta parcialidad de la corte", dijo Gómez, magíster en estudios jurídicos internacionales por la American University de Washington.
Sin embargo, el especialista observó que la administración de justicia "no necesariamente tiene que ser popular".
Para Gómez, la CPI, que ha observado a Rusia por la situación en Crimea y que días atrás anunció que investigaría por posibles crímenes de guerra cometidos por EEUU en Afganistán, está buscando mostrarse "más imparcial".
"Lo relevante de esta crisis no es asustarse frente a la coyuntura sino más bien mirar cuáles son las vías de acción para que la CPI se muestre como un organismo imparcial y así pueda responder a esas necesidades de justicia", indicó.
Gómez participa en Montevideo de un seminario sobre justicia penal internacional organizado por el Centro de la Cooperación Española en esta ciudad.
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Establecida en 2002, la CPI es un organismo independiente de la Organización de las Naciones Unidas, y solo tiene jurisdicción sobre crímenes internacionales cometidos en territorios de los Estados Parte que la integran y cuando los sistemas judiciales nacionales se muestran incapaces o sin voluntad de impartir justicia.