"Ésta es una maniobra formidable de persecución política y hostigamiento mediático", afirmó Cristina en declaraciones a los medios tras salir de los tribunales.
En su comparecencia ante el juez federal Julián Ercolini, Fernández solicitó "la nulidad de la declaración indagatoria y la readecuación del objeto de investigación" del proceso judicial en el que está imputada.
Sin contestar preguntas del magistrado, la expresidenta solicitó que se haga una auditoría pública de toda las obras realizadas durante su gestión, y no sólo de los proyectos viales adjudicados en la provincia de Santa Cruz (sur) al empresario detenido Lázaro Báez.
El 43,7% de la partida presupuestaria fue a organismos descentralizados que controlan las provincias, mientras que el restante 56,3% se distribuyó a través de las entidades centralizadas del Estado nacional, según datos de la página oficial de la exmandataria.
Con un 0,3% del monto asignado, el Grupo Austral, compañía del empresario Lázaro Báez, se ubica en el puesto 38 en el listado de empresas que más dinero recibieron para construir obras viales.
"Yo quiero que se investigue, pero que se investigue toda la obra pública, porque Ángelo Calcaterra, (primo del presidente Macri) fue el tercer adjudicatario de la obra pública, y en muchas obras, fue asociado también con Austral", afirmó Fernández.
La Justicia investiga en particular las obras públicas otorgadas al empresario Lázaro Báez, señalado como el principal beneficiario de las obras viales que se realizaron en la provincia de Santa Cruz (sur) desde 2003, distrito en el que Kirchner, oriundo de allí, fue gobernador desde 1991 y hasta ese año.
La exmandataria fue la primera en declarar de un total de 17 personas que desfilarán ante el juez Ercolini hasta el próximo 28 de noviembre.
