Las ONG mexicanas e internacionales plantearon al gobierno de Enrique Peña Nieto aceptar la recomendación del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad, emitida en octubre del año pasado para que establezca un Consejo Asesor para impulsar el combate a la impunidad.
La creación de un Consejo Asesor debe contemplar a "personas renombradas, expertas en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad" y es la principal de una serie de recomendaciones hechas a México luego de la visita oficial el año pasado.
En particular, exhortan al gobierno de la federación mexicana y a la ONU a explorar el involucramiento de expertos internacionales independientes en consejos asesores y mecanismos de investigación, "lo cual mejoraría substancialmente su capacidad de desafiar las estructuras existentes que contribuyeron a la impunidad en el pasado", dice el texto conjunto.
Investigar con independencia
La creación del organismo recomendado por la ONU representaría "un paso crucial hacia el establecimiento de una entidad de investigación internacional, con sede en México, habilitada para investigar y perseguir, de manera independiente, crímenes atroces y graves casos de corrupción", dicen las organizaciones.
En su respuesta inicial a las recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU, el gobierno mexicano acotó du interpretación del Consejo Asesor propuesto como por la ONU como un "organismo nacional de derechos humanos", trastocando la esencia de la propuesta.
Esa repuesta del gobierno de Peña Nieto "es distinta a la recomendación del Alto Comisionado y claramente inadecuado para enfrentar la violencia y la injusticia rampantes en México", al dejar fuera la vigilancia de organismos internacionales como la ONU o la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH), por ejemplo.
La respuesta gubernamental esgrime que ya existen en México una serie de instituciones existentes encargadas de asegurar la investigación y persecución efectivas de los crímenes y las violaciones a los derechos humanos.
El documento "Atrocidades Innegables: Confrontando Crímenes de Lesa Humanidad en México", documenta la incapacidad de realizar procesos de investigación y persecución eficaces de esas instancias nacionales mexicanas.
Entre esos fracasos mencionan como ejemplo la investigación fallida de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, tras el ataque de agentes del Estado confabulados con el crimen organizado en el Estado de Guerrero, perpetrado en septiembre de 2014.
Por lo tanto, instan al gobierno de Peña Nieto a "aprovechar esta oportunidad para trabajar junto con a ONU para producir cambios significativos".
El establecimiento de mecanismos internacionales con sede en México para la investigación y persecución de crímenes atroces y de corrupción "puede proporcionar la autoridad política y la independencia necesarias para lograr cambios reales".
Sin este elemento, "puede ser difícil o hasta imposible romper las estructuras de poder que perpetúan la impunidad", puntualizan las ONG.