En 2011, el Gobierno de Dilma Rousseff "recibió muy mal que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera medidas cautelares de protección a poblaciones afectadas por la central hidroeléctrica de Belo Monte", explicó Asano.
La tercera medida de venganza fue un corte en la contribución financiera a la OEA (Organización de los Estados Americanos).
A fines de mayo, la CIDH advirtió que si no recibe donaciones urgentes de los países miembros de la OEA se verá obligada a suspender sus sesiones y a no renovar los contratos de 40 por ciento de su personal.
Los ojos están puestos en los compromisos que asuman los Estados de la OEA en la Asamblea Ordinaria del 13 al 15 de este mes.
La mitad del presupuesto de la CIDH proviene del fondo regular de la OEA, en el cual "Brasil tiene una cuota grande de responsabilidad" porque ha sido históricamente el tercer mayor contribuyente, con entre siete y 10 por ciento del total (unos seis a ocho millones de dólares).
"Esto tiene impacto tanto en el funcionamiento de la CIDH como en el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", dijo Asano.
El resto de la financiación de la CIDH proviene de contribuciones voluntarias de países miembros y observadores, organizaciones y universidades, un rubro que viene cayendo desde 2013, cuando llegó a seis millones de dólares.
Para este año están previstos apenas tres millones.
Entre 2006 y 2013, Brasil solo realizó contribuciones voluntarias en tres años y por montos ínfimos.
En 2006 aportó 98.500 dólares, en 2008 puso 300.000 dólares y en 2009 apenas 10.000 dólares, según datos de la CIDH.
"Esta es una prueba de cómo Brasil no valoraba a la CIDH y al sistema de derechos humanos desde mucho antes" de los cuestionamientos a Belo Monte y de la crisis económica, opinó Asano.
Contribución modesta
Brasil retomó sus relaciones con la CIDH, volvió a postular a un candidato, el comisionado Paulo Vannuchi, quien se integró a la Comisión en 2014, y presentó en 2015 a su nuevo embajador ante la OEA, José Luiz Machado e Costa, además de reanudar sus pagos, relató Asano.
En 2015 volvió a suspender sus aportes a raíz de recortes presupuestarios de varios ministerios.
Pero, observa Asano, Brasil siguió entregando fondos a otros organismos internacionales y dejó afuera a la OEA, el "más importante de la región", generando impactos negativos en el sistema interamericano de derechos humanos.
Incluso con la crisis, Brasil sigue siendo la economía más grande de la región "y no es aceptable que no haga un aporte en un momento tan necesario y urgente como el que vive la CIDH", añadió.
El Gobierno interino de Michel Temer, que asumió tras la suspensión de la presidenta Rousseff, debería retomar los aportes porque incluso en la "delicada situación política de Brasil", la defensa de los derechos humanos en este país y en la región "no debería ser moneda de cambio en el ámbito político", sostuvo.
Tímido Mercosur
El tema fue discutido en la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del Mercosur el 27 de mayo en Montevideo, pero no hubo acuerdo para un pronunciamiento del bloque.
Además, "se comprometen a aunar esfuerzos y trabajos en los diferentes espacios y foros en materia de derechos humanos en los que participen a fin de facilitar su adecuado funcionamiento".
Para Asano, es "una declaración tímida" porque no expresa "compromisos de los países con nuevos aportes, pero hay por lo menos un reconocimiento de la importancia de la CIDH".
Este jueves la CIDH concluye en Santiago de Chile su 158 período extraordinario de sesiones, durante el cual comunidades y activistas denunciaron al Estado de Brasil por omisiones y violaciones de derechos humanos en la explotación minera.