El pleno de la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucionales dos pedidos de partidos de izquierdas de una consulta popular para derogar o ratificar la histórica reforma energética, promulgada en agosto por el presidente Enrique Peña, que permite por primera vez en 76 años la inversión en la industria petrolera.
Una mayoría de seis de magistrados del pleno -integrado por 10 ministros y un presidente de la Suprema Corte- consideró inconstitucional la pregunta y desechó los proyectos.
La consulta popular fue solicitada luego de que una Reforma Política aprobada en 2012 la estableció como un "mecanismo de participación e intervención de los ciudadanos en la toma de las decisiones relacionadas con temas relevantes".
Los magistrados consideran que una consulta sobre la Reforma Energética es una iniciativa inconstitucional porque está relacionada con las leyes de ingresos y egresos del Estado mexicano, protegidas por la Constitución.
Los ministros consideran que la consulta es parte de los derechos políticos y humanos, pero sus límites y restricciones fueron establecidos por el mismo Congreso que la aprobó.
La escisión de izquierda Movimiento de Renovación Nacional (Morena) recién fundado este año por el dos veces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, había formulado una pregunta para la consulta: "¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la exploración del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?"
Otra consulta había sido pedida por el Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), fundado en 1988 por el tres veces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, con la siguiente pregunta: ¿Estás de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética?
Ambas fueron desechadas por el máximo tribunal de la República mexicana.
El presidente Peña, promulgó el 12 de agosto las leyes de una histórica reforma energética, gracias a un acuerdo con la oposición de centro-derecha que le arrebató el poder en el año 2000, un pacto bipartidista al cual su partido se negó durante 12 años, cuando fue oposición entre 2000 y 2012.
Peña expresó ese día su amplio reconocimiento al Congreso, por el cerrojazo al "proceso de transformación de una agenda de reformas", que sólo enfrentó la resistencia fallida de las minoritarias formaciones de izquierdas.
"Todas las fuerzas políticas posibilitaron un espacio de amplio debate, acreditaron la madurez democrática y política de nuestro país", celebró Peña.
El presidente indicaba así la ausencia de disturbios que auguraba la oposición al pacto reformador, al abrirse la industria petrolera a la inversión extranjera por primera vez desde 1938.
El nuevo corpus legal energético del séptimo productor mundial de petróleo fue el punto culminante de una agenda reformadora, que se extiende a las telecomunicaciones, la educación, y las reglas de la disputa política democrática.
Con las leyes que dan vigencia a una reforma de la Constitución lograda en diciembre de 2013, el gobierno espera que México aumentar un punto de su Producto Interno Bruto (PIB) a partir de 2018, e inversiones por 60.000 millones de dólares hasta el fin de su mandato en 2018.
Hasta la fecha, la estatal Pemex ofrecía más de la tercera parte del presupuesto federal, pero su producción se derrumbó un tercio, de 3,4 millones de barriles diarios en 2004 a 2,47 en 2014; y la importación de gasolina subió de 30 a 50 ciento por la falta de capacidad de refinación.
