Desde hace siete meses, la Policía Federal de Brasil intenta interrogar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre el caso de corrupción "Mensalao", informó este miércoles el diario brasileño "Folha de Sao Paulo".
Según el diario, el expresidente fue invitado por la policía para prestar declaración en febrero de este año, sin embargo, la petición habría sido denegada por Lula debido al temor de que sus declaraciones fueran filtradas a la prensa en pleno año electoral.
Personas próximas a Lula argumentaron que este habría reiterado a la Policía Federal su compromiso de contribuir con sus declaraciones a la resolución del caso de corrupción, que salpicó el Partido de los Trabajadores (PT) en 2012, pero que tendría miedo de que sus adversarios políticos pudieran sacar provecho de la situación.
La delegada Andrea Pinho, responsable de la investigación en Brasilia de las denuncias hechas por el empresario Marcos Valério de Souza, sobre una supuesta vinculación de Lula con la trama de corrupción del "Mensalao", sería quien desde febrero negocia sin éxito un encuentro con Lula.
La cúpula del PT se encuentra según el diario dividida en cuanto a la posibilidad de que Lula sea interrogado por la Policía Federal, si bien algunos opinan que resultaría inocuo otros prefieren que el expresidente se acoja a su derecho de declarar solamente ante la justicia en caso de que las acusaciones se transformasen en acciones penales.
Las acusaciones sobre Lula fueron realizadas en septiembre de 2012 cuando el empresario Marcos Valerio se habría presentado voluntariamente ante la Procuraduría General de la República de Brasil para prestar nuevas declaraciones y conseguir una reducción de su condena por el Tribunal Supremo Federal.
Valério que actualmente cumple pena de 40 años de prisión por lavado de dinero, entre otros crímenes, afirmó tener constancia del pago de 100.000 reales (41.535 dólares), por parte de una empresa vinculada a un exasesor de Lula, para los gastos personales del entonces presidente en 2003.
Asimismo, acusó a Lula y al exministro Antonio Palocci de haber contribuido para que la empresa Portugal Telecom pagase 7 millones de reales (2,9 millones de dólares) al Partido de los Trabajadores durante el mandato del expresidente.
