Casi 2.000 personas viven en la incertidumbre desde hace siete meses cuando la justicia de Río de Janeiro decidiese el desalojo de una fábrica abandonada que ocupan y sin que las autoridades de la ciudad les hayan ofrecido alternativa alguna por el momento.
La fábrica, situada en uno de los accesos al conjunto de favelas de "Alemao", en la zona norte de Río de Janeiro, es propiedad del empresario árabe Tuffy Habib motivo por el cual la ocupación, que alberga a 1.992 personas, es llamada "Nova Tuffy".
El pasado 31 de marzo, el juez André Fernandes Arruda aceptó el pedido de desalojo solicitado por la Industria Tuffy Habib S.A. que deberá ser realizado por los agentes de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) de Nova Brasília.
Sin embargo, no se estableció un plazo definido para la ejecución del desalojo atendiendo a las necesidades de reubicación de las familias que en estos momentos corre a cargo de la Secretaria Municipal de Desarrollo Social y la Secretaria de Estado de Derechos Humanos.
Además, los antecedentes violentos y los altos grados de criminalidad de la región complican el desalojo de la comunidad por los agentes de la UPP que desde hace varios meses mantienen un conflicto abierto con los traficantes de las favelas del Alemao.
En su sentencia el juez Arruda recomendó que la operación ocurriese "con la mayor seguridad posible" debido a "las peculiaridades del caso, el gran número de personas envueltas en la ocupación y el historial de conflictividad de la región".
Mientras la justicia y las autoridades municipales se ponen de acuerdo, la situación en la que viven los ocupantes de Nova Tuffy es de extrema precariedad dado que se trata de una fábrica abandonada hace 10 años, sin agua potable ni saneamiento básico, que las familias han ocupado con casas hechas de basura, madera y chapa.
En declaraciones a la prensa local, el presidente de la asociación de vecinos de Nova Tuffy, Carlos Alberto de Conceiçao, mostró la lista de las familias registradas en la ocupación y aseguró que "las personas que viven aquí no están para causar problemas ni quieren ser usadas. Solo quieren una solución y encontrar un lugar digno en el que ser reubicados".
El hecho de que las familias sean registradas en el Registro Único del Ministerio de Desarrollo Social es el requisito básico para que puedan acogerse al programa de viviendas sociales "Minha Casa Minha Vida" que lanzó en 2009 el gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y que desde 2011 ha atendido a cinco millones de personas.
