En Ferguson, el arrabal de St. Louis donde este verano estallaron los disturbios raciales más graves en EEUU desde hace veinte años, el ayuntamiento para dispuesto a enmendarse. Asombrados, muchos periódicos estadounidenses hoy explican que el cobro de multas es ya la segunda fuente de financiación de la ciudad. Durante años el sistema se habría cebado con sus vecinos más pobres, esa mayoría afroamericana que tras la muerte de Michael Brown salió a la calle para pedir justicia.
Descontadas las multas asociadas a delitos más graves, los datos publicados por la ciudad de Ferguson demuestran que muchos de los reclamos son por faltas de tráfico o alteraciones del orden público. Cero bromas: los que no paguen pueden terminar en la cárcel, como de hecho le sucede a un altísimo porcentaje de vecinos, mayoritariamente jóvenes, varones y negros. Tan altas son las cifras que Brendan Roediger, profesor de la Escuela de Derecho de St. Louis, comenta en el NYTimes que «el resentimiento con las fuerzas del orden tiene más que ver con esas interacciones, y no tanto con la investigación de crímenes serios».
ArchiCity Defenders, un grupo de abogados que defiende de oficio a los ciudadanos de St. Louis con menos recursos, ha publicado recientemente un informe demoledor: sus clientes han sido «encarcelados al no poder pagar las multas, han perdido sus casas y trabajos, se les ha denegado el acceso a los tribunales y han sido maltratados por los abogados, fiscales y jueces». Un grave problema pues, «dichas prácticas no sólo son contrarias a la Constitución americana, es que además destruyen la confianza del público en el sistema judicial, impone fuertes castigos económicos al segmento más desfavorecido de la sociedad y causa pérdidas exorbitantes de capital humano y dinero».
De 60 casos revisados por ArchiCity Defenders, treinta presentaban graves irregularidades. Tres fueron las localidades más inquietantes, Bel-Ridge, Florissant y Ferguson, «ejemplos fundamentales de cómo esas prácticas violan los derechos fundamentales de los más pobres, erosionan la confianza en el sistema judicial y crean ineficiencias (…) al cerrar los juzgados al público y encarcelar a la gente por no pagar sus multas, empujando inintencionadamente a los pobres a ser más pobres, impidiendo que los sin techo puedan acceder a los hogares, tratamientos de rehabilitación y trabajos que desesperadamente necesitan para estabilizar sus vidas, un hogar».
Aunque el ayuntamiento de Ferguson, reunido hoy martes en pleno municipal, ha prometido reorientar sus políticas y buscar alternativas al encarcelamiento de quienes no haya cometido infracciones tipificadas como delitos, el panorama resulta inquietante. Como muestra, este ejemplo, tomado por ArchiCity Defenders del RiverFront Times: «en la ciudad de Pine Lawn, con un 96% de población negra, la renta per cápita es de 13.000 dólares. En 2013 la ciudad recaudó más de 1,7 millones de dólares en multas y costes judiciales, mientras que en el próspero suburbio de Chesterfield, con una población de 47.000 personas (unas cincuenta veces más que Pine Lawn) y una renta per cápita de 50.000 dólares, se recaudaron por multas 1,2 millones».
