Los diputados ucranianos aprobaron hoy una ley que califica como delito penal la financiación del separatismo.
Las enmiendas introducen la responsabilidad penal por financiar acciones destinadas a cambiar o derrocar el régimen constitucional, usurpar el poder o cambiar la frontera de Ucrania.
Estos actos se sancionarán con penas de cárcel de entre tres y siete años, la confiscación de bienes y la prohibición de ocupar determinados cargos públicos por un plazo de hasta dos años.
Las fuerzas de seguridad ucranianas continúan desde mediados de abril un “operativo antiterrorista” contra las milicias de Donetsk y Lugansk, que se rebelaron contra el Gobierno de Kiev tras la destitución de Víctor Yanukóvich y proclamaron la creación de repúblicas independientes.
Rusia urge a cesar esta “represalia” que ha provocado ya centenares de muertos y heridos.
