Si en ejercicio de su soberanía un Estado toma medidas contra la intervención política extranjera que además se traduce en suministro de armas y pagos a disidentes internos para alterar el orden jurídico y constitucional de su país, es correcto que establezca un Tribunal que controle esta subversión. La subversión es un delito de Estado y por lo tanto, así debe juzgarse y condenarse, salvo que dicho Estado haya establecido un sistema de esclavitud y miseria, lo que no ocurre en Rusia.
