Irina Antónova, conocida en Rusia como la “abuela finlandesa”, por el sonado proceso para permanecer en Finlandia con su hija, murió hace poco a los 83 años de edad, en una residencia para ancianos cerca de San Petersburgo.
Es muy posible que, sin el interés de RIA Novosti, casi nadie hubiera prestado atención a este hecho.
Porque somos muy solidarios para defender los derechos de nuestros compatriotas que se hallan fuera de nuestras fronteras, y casi que indiferentes cuando es necesario defender esos mismos derechos a rusos que se encuentran en su patria.
O al menos, hacemos más ruido cuando los acontecimientos tienen lugar en el extranjero. El año pasado, toda Rusia siguió con atención las peripecias judiciales de Natalia Kyayarik, hija de la difunta.
Esta antigua compatriota, tras emigrar a Finlandia hace más de 20 años y conseguir la nacionalidad de aquel país, hace un par de años llevó a su madre enferma Irina Antónova con un visado de visitante particular al país nórdico.
Cuando su visado caducó, las autoridades finlandesas exigieron a la anciana la salida del país, ya que si permanecía en el país, infringía la legislación en materia de inmigración.
El rechazo de las autoridades finlandesas a conceder a la anciana, que no tenía ya familia en Rusia, la nacionalidad finlandesa o al menos la residencia permanente fue interpretado por la televisión rusa como un caso flagrante de violación de los derechos humanos.
En el momento álgido de la polémica, el Primer Ministro ruso, Vladimir Putin, llegó incluso a prometer que abordaría este asunto con su homólogo finladés, Matti Vanhanen durante una cena o mientras pescaban (ya que, en el curso del encuentro oficial, se preveía que se tratarían sólo asuntos políticos).
Al final, Irina Antónova no fue expulsada de Finlandia, sino que fue su propia hija la que tomó la decisión de llevarla de regreso a casa, a la población rusa de Vyborg.
Después del regreso de la “abuela finlandesa” a Rusia, las noticias referentes a ella se hicieron cada vez más exiguas. Sólo el periódico Vzgliad informó dos meses más tarde, basándose en una información del Defensor del Pueblo de la Región de Vyborg, de que la hija había decidido sacar de su casa a la anciana con la intención de vender el inmueble.
Se informó además, que Natalia Kyayarik reconoció que no había visitado a su madre en la residencia para ancianos durante todo el verano.
Triste, pero lo más triste es que además de la “finlandesa” en Rusia también viven muchas abuelas rusas.
El tema recibió un tratamiento distinto e inesperado en la emisora de radio Vesti FM. Los locutores propusieron a sus oyentes opinar sobre Natalia Kyayarik, que acababa de perder a su madre y que, no obstante, continuaba adelante con su demanda contra el Estado finlandés ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reclamando 400.000 euros como compensación “por los daños morales” causados a su madre fallecida.
Era evidente que lo que audiencia esperaba eran críticas a las autoridades finlandesas. Pero, por alguna razón, los oyentes eligieron para sus críticas blancos más cercanos que el lejano Helsinki.
La gente comenzó a contar historias semejantes de ancianos y ancianas rusos de las antiguas repúblicas soviéticas, que llevan decenas de años sin poder conseguir no ya la nacionalidad rusa, sino al menos un modesto permiso de residencia.
¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que la Ley de 28 de noviembre de 1991 concedió automáticamente la ciudadanía rusa sólo a aquellos ciudadanos soviéticos que tuvieran su residencia permanente en Rusia a 6 de febrero de 1992 (es decir, en el momento de la entrada en vigor de la Ley).
La disposición relativa a la fecha del 6 de febrero de 1992, fue adoptada de prisa y arrastrando el contexto revolucionario del año 1991, llevaba consigo muchos problemas que en aquél momento no se pudieron considerar.
Como por ejemplo, el caso de una persona, nacida y crecida en la ciudad rusa de Vologda, que hubiera ido a estudiar a Kiev, (Ucrania) aprovechando las posibilidades de moverse por el espacio soviético.
En realidad, ni siquiera era necesario que hubiese ido a Kiev: pensemos qué habría ocurrido si se hubiese desplazado a Moscú, cancelando así su registro original en Vologda, pero no le hubiese dado tiempo a registrarse en Moscú.
La falta de un registro permanente para las 23.59.59 del día 6 de febrero de 1992 se convirtió en una auténtica bomba de relojería en la biografía de muchas personas.
Si un funcionario descubría este hecho podía (bueno, realmente, estaba obligado a hacerlo) incautar el pasaporte de ciudadano de la Federación Rusa anteriormente expedido.
Porque de cara a la ley, su pasaporte había sido expedido con irregularidades
Estas bombas de relojería empezaron a estallar a finales de los 90, cuando el Ministerio del Interior dictó una instrucción en virtud de la cual el pasaporte ya no era prueba de la nacionalidad.
Se tomó entonces la decisión de comprobar el origen de los pasaportes y esta revisión dio como resultado que al menos un millón de personas habían recibido sus pasaportes de forma irregular.
¿Por qué irregular? Por la sencilla razón de que no pueden demostrar que esas personas estuvieron residiendo legalmente en Rusia el 6 de febrero de 1992.
En su antiguo pasaporte soviético no aparece el correspondiente sello de registro. Con posterioridad se permitió utilizar como medios de prueba de la residencia otros documentos, admitiéndose incluso las facturas y cheques de 1992. Pero, ¿quién conserva esas facturas…?
Y cuando no era posible probar la residencia no quedaba más remedio que solicitar la residencia temporal (que supone una auténtica montaña de papeles) para, posteriormente, intentar conseguir la ciudadanía.
Cosa que, con suerte, podía ser relativamente rápida o una espera de cinco años, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Ciudadanía de 2002.
Y, en este punto, es fácil comprender la cantidad de situaciones cercanas a la tragedia, ante las cuales, la historia de la “abuelita finlandesa” es apenas un cuento para asustar los niños.
He aquí una historia característica en este sentido (el autor ha preferido permanecer en el anonimato): “Mi mujer nació en Ucrania, pero vive en Moscú desde 1986 adonde llegó para estudiar en la universidad. Al principio residía aquí como estudiante y luego se casó conmigo, que soy ciudadano ruso. Desde 1992 estaba registrada como residente permanente en Moscú y, en febrero de 2004, le entregaron uno de los nuevos pasaportes rusos. Hasta que un día quiso solicitar los certificados de nacionalidad de los hijos y en la oficina de pasaportes se lo denegaron, añadiendo que ni ella ni sus hijos eran ciudadanos rusos, ya que en febrero de 1992 no estaba registrada de forma permanente en ningún sitio porque su registro era temporal; y que, por lo tanto, en 2004 le habían dado su pasaporte ilegalmente”.
Y no cabe duda de que se podrían dar a esta pobre señora un montón de buenos consejos, como hacer valer la ciudadanía rusa del marido, en caso de que Ucrania no los quiera ver como sus nacionales; intentar conseguir la ciudadanía por el procedimiento abreviado, ya que dispone de la residencia permanente…
Pero estas no son sino muletas y apaños para enfrentarse al organismo muerto de la burocracia que se mueve sólo cuando recibe una fuerte sacudida desde arriba.
Apelando al presidente
Irina Antonóva cruzó la frontera ruso-finlandesa el 22 de junio de 2010 y el 23 mismo estaba ya empadronada, pasó el reconocimiento médico y había conseguido sito en la residencia de ancianos.
Pero, claro, esto sólo fue posible después de varios meses de recrearse la televisión en su caso y después del famoso día de pesca que disfrutaron Putin y Matti Vanhanen.
También en la Rusia profunda tienen lugar estas historias con intervención celestial del poder y final feliz. Una vecina de mi portal le escribió una carta al presidente, solicitando que se le prestara la atención a su hija de 17 años de edad que todavía no había conseguido la nacionalidad. El resultado fue sorprendente: el pasaporte le fue traído a casa por un sonriente funcionario que le hizo la ingenua pregunta de “¿Y por qué no lo solicitó antes?”
Sin embargo, los problemas de la nacionalidad no pueden solucionarse de esta manera. Cuando el 2008 el Director de Servicio Federal de Migración de Rusia, Konstantín Romodanovski, ordenó que los pasaportes “ilegalmente expedidos” no se requisaran enseguida, sino que a sus propietarios se les permitiera probar su derecho a la nacionalidad, preservó miles de trayectorias laborales y salvó a miles de familias y, quién sabe, a lo mejor, también vidas.
Porque, ¿qué vida puede llevar uno sin pasaporte? Y en aquel momento a la gente se le concedió la posibilidad de probar su residencia en el territorio de Rusia a día de 6 de febrero de 1992 o de obtener por el procedimiento abreviado la nacionalidad rusa.
Si no hubiera sido por Romodanovski, nadie sabe lo que habría pasado a toda esta gente.
“El problema principal está en que todavía no tenemos claro en qué país vivimos desde 1991.
El principio de “a partir del 6 de febrero de 1991 empieza una nueva vida” es muy implacable y no siempre justo”, explica la situación el experto del Instituto independiente de estudios demográficos, de migración y de desarrollo regional, Evgueni Varshavski.
-Por otra parte, las autoridades tampoco puede asumir la postura contraria y reconocer como criminales los acontecimientos de 1991. Es por eso porque se aprueban Leyes implacables, y al mismo tiempo se les da a los funcionarios la tácita indicación de no apretar del todo las tuercas. La gente se cuela por estas rendijas y de momento parece estar contenta”.
La “abuela finlandesa” murió casi en el XX aniversario de la desintegración de la URSS. Su problema fue solucionado con una intervención de los políticos.
No obstante, para problemas de cientos de miles de personas que llevan 20 años a la expectativa, este tipo de soluciones es inaceptable. Es necesario adoptar medidas de carácter legal permanente.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE RIA NOVOSTI
