Es posible que en su plenario del próximo viernes la Duma de Estado examine en segunda lectura el proyecto de ley que regula el acceso de los extranjeros a los sectores estratégicos. Ayer el comité parlamentario de industria, construcción y altas tecnologías recomendó a los legisladores aprobar el documento.
Los diputados de la Duma de Estado examinaron en primera lectura el proyecto de ley mencionado en septiembre de 2007. En el período transcurrido fue renovado el cuerpo de diputados y en cinco ocasiones se revisó la relación de sectores estratégicos. Tras la segunda lectura no cabe esperar cambios sustanciales en el proyecto de ley, sostiene el presidente del comité, Martin Shakkum.
La versión definitiva del documento recoge actividades de 42 tipos. En particular, se trata del sector de energía nuclear, criptografía, fabricación y tráfico de armas e industria aeronáutica. Para la segunda lectura se incluyeron en el documento, además del subsuelo, la pesca, cadenas de RTV (con audiencia superior a la mitad de los habitantes de una entidad federativa) y medios de prensa escritos (con tirada superior a un millón de ejemplares). Mantuvieron su condición de estratégicos los monopolios naturales, a excepción de correos, comunicaciones eléctricas y distribución de energía.
A los efectos de no perjudicar a Gazprom, se decidió no hacer extensivo el documento a las compañías extractivas en las que la participación del Estado es superior al 50%.
Si un extranjero desea adquirir más del 50% de las acciones de una compañía estratégica (más del 10% en caso de compañía extractiva), debe tramitar el permiso correspondiente en el organismo competente (según parece, en el Servicio Federal Antimonopolio). La norma más severa se aplicará a las compañías públicas extranjeras que se verán obligadas a concordar la adquisición de las participaciones superiores al 25% (más del 5% en caso de compañías extractivas).
La comisión gubernamental tendrá el plazo de 3 a 6 meses para autorizar la transacción o denegarla. En calidad de expertos actuarán el Servicio Federal de Seguridad y la comisión interdepartamental para el secreto de Estado. Se prevé la posibilidad de recurrir la decisión gubernamental en el Tribunal Supremo de Arbitraje.
