La primera ministra de Ucrania, Yulia Timoshenko, presentó una iniciativa inesperada: organizar un plebiscito para que los electores escojan entre la república parlamentaria y el modelo presidencialista. En función de los resultados, Timoshenko propone suprimir el cargo de presidente o el de jefe del Gabinete. "Es absurdo que el país esté gobernado por dos ejecutivos con funciones y poderes idénticos (...) Es una situación que provoca el caos en la gestión, genera un sistema del antagonismo destructivo y debilita al país. Hay que acabar con la dualidad de poderes", declaró Timoshenko en una entrevista al periódico Zerkalo Nedeli.
Es otra reivindicación del poder unipersonal por parte de Timoshenko, y si cuaja su idea del referéndum, ella podrá convertirse dueña y señora de Ucrania sin cambiar de cargo siquiera. En el supuesto de que los ciudadanos prefieran quedarse con el presidente, a Timoshenko aún le queda la oportunidad de luchar por este cargo. Es poco probable que su declaración sea un simple arrebato emocional. Todo el mundo sabe que el sistema del poder en Ucrania es muy controvertido. La reforma constitucional aprobada en los tiempos de Leonid Kuchma y que entró en vigor a principios de 2006 transformó a Ucrania de república presidencialista en república parlamentaria. Las atribuciones del máximo dignatario y las del primer ministro, aprobado por el Parlamento, se entrelazan en muchas ocasiones. Así, no está claro quién nombra a los gobernadores ni hasta dónde se extienden los poderes del presidente y el jefe del Gobierno en lo concerniente a la designación de viceministros en diversos cuerpos de seguridad. Uno de los párrafos constitucionales permite al presidente disolver a la Rada Suprema (Parlamento), si lleva un mes sin celebrar sesiones plenarias, pero otro prohíbe hacerlo en el primer año después de celebradas las elecciones anticipadas. Todos los protagonistas del proceso político entienden que la arquitectura del poder es deficiente y necesita cambios. Víctor Yúschenko tiene un plan de nueva reforma constitucional que contempla ampliar los poderes del presidente en lo relativo al nombramiento de ministros. Pero tanto el partido gobernante como la oposición y la mayor parte de la comunidad empresarial se oponen a la idea de alterar el equilibrio a favor del jefe de Estado. La correlación actual de las fuerzas les parece una garantía contra la excesiva concentración del poder.
A Rusia también le espera en los próximos meses, si no una dualidad de poderes, al menos un período de transición en que un equipo irá traspasando las funciones a otro. Ni expertos ni grupos implicados saben de momento cómo se van a distribuir los poderes después de la investidura del nuevo presidente en mayo. Lo anterior vuelve a generar la incertidumbre dentro del sistema.
Dentro del actual esquema del poder en Rusia, la estabilidad se sustenta en los acuerdos no públicos entre los jugadores clave. Si nos atenemos estrictamente a la ley, muchas atribuciones del presidente y del primer ministro en Rusia, así como las de sus respectivos aparatos, se entrelazan. Y en teoría, tanto los nombramientos ministeriales como la política económica y exterior podrían convertirse en objeto de una polémica entre las personas que ocupan la presidencia y la jefatura del Gobierno en Rusia.
