El 25% de los rusos tiende a sospechar que los servicios secretos de su país están implicados en el asesinato de la reportera Anna Politkóvskaya, y el 27% piensa que también lo están en el envenenamiento del ex agente Alexander Litvinenko, según demuestra una encuesta realizada por el Centro Levada. Hace un año, las cifras fueron del 18% y el 25%, respectivamente.
Casi la mitad de los entrevistados, tanto ahora como un año atrás, no han podido responder a esta pregunta. Otro sondeo del mismo centro, efectuado en verano de 2007, pedía a los rusos evaluar la influencia de diversas instituciones del poder. Detrás del presidente Putin, con 4,1 puntos en el ranking de influencia en la escala de uno a cinco, se mencionan en las respuestas el FSB y demás cuerpos de seguridad (3,7).
Los rusos admiten que los servicios secretos tienen influencia enorme y son capaces de actuar al margen de la ley pero no creen en la posibilidad de controlarlos o conocer algún día toda la verdad. Esta mentalidad puede interpretarse como tradicional e histórica pero también tiene explicaciones modernas: no se han formado en Rusia instituciones a las cuales pueda encomendarse el control sobre los servicios secretos.
Una actitud de recelo hacia los servicios de seguridad también es típica para los ciudadanos de naciones emancipadas. Sin embargo, la mayoría de estos países fueron implementando desde mediados de la década del 70 una serie de reformas encaminadas a establecer los mecanismos del control parlamentario sobre las actividades de tales estructuras. Hoy en día, 17 Estados tienen sistemas eficientes del control parlamentario en esta materia. Los cambios estructurales y de personal se aplican en función de las investigaciones parlamentarias, y los presupuestos de los servicios de seguridad son examinados bastante a fondo por legisladores aunque sigan siendo secretos para el resto de los ciudadanos. La competencia política impide transformar este control en algo virtual.
En cuanto a Rusia, las investigaciones parlamentarias resultan prácticamente imposibles a causa de restricciones legales. La Cámara baja y los partidos aparecen al final de la lista de instituciones influyentes, con 2,9 y 2,6 puntos respectivamente, según los datos del Centro Levada. Los presupuestos de los cuerpos de seguridad se mantienen en secreto y no hay reportes que permitan controlar su labor.
Sabido es que sistemas cerrados tienden a la entropía. Lo triste es que tales sistemas responden por la seguridad del Estado.
