El poder en la Rusia de hoy parece inalterable, así que las empresas ven muy poco sentido en la financiación de partidos opositores.
Que el jefe del grupo ruso de electricidad RAO EES tenga o no la intención de abandonar la Unión de Fuerzas de Derecha es, al fin de cuentas, un asunto personal del propio Anatoli Chubáis. Para el conjunto de la sociedad, sin embargo, es un ejemplo que grafica cierto problema de fondo con que tropieza la oposición en Rusia. Es una demostración de que la autonomía política aquí carece de fundamento económico.
Los riesgos pueden ser del carácter económico o político. Estos últimos se pusieron de relieve en el caso Yukos y se manifiestan constantemente en otros asuntos de menor envergadura, resoluciones oficiales, recomendaciones o simples alusiones. Pero el problema, en realidad, radica más al fondo. En países donde hay competencia de partidos políticos, las empresas pueden respaldar a la izquierda convencional, conscientes como son de que, más tarde o más temprano, aquélla relevará en el Gobierno a la derecha convencional. En Rusia, los empresarios se dan cuenta de que el poder es inalterable. Financiar a la oposición política, por consiguiente, se vuelve una tarea ineficaz. Para asegurarse algunos dividendos, uno necesita invertir en el hipotético sucesor, es decir, mantener una posición próxima al poder y conocer la correlación de fuerzas en la cúpula. Y aun así hay mucha probabilidad de errores.
Cuando la oposición allana el camino a cabilderos, apoyarla puede ser una empresa económicamente rentable pero todo indica que Rusia Unida tendrá en la nueva Cámara baja escaños suficientes para la adopción de leyes constitucionales, de modo que la inversión en opositores prácticamente no tiene sentido alguno. Grupos de la oposición saben que en el futuro próximo se quedarán al margen del Parlamento, así que se verán obligados a radicalizar sus programas.
La tendencia a la nacionalización de la economía mina la base de cualquier oposición. A las empresas privadas les recomiendan con insistencia cada vez mayor que trabajen "en cooperación" con el Estado, lo cual significa para ellas una actitud de lealtad absoluta. Para un empresario, el riesgo no se limita a la posibilidad de ir a la cárcel; también consiste en la pérdida de un contrato ventajoso.
La legislación rusa en vigor limita en grado considerable la práctica de donaciones a partidos políticos. Estas restricciones afectan tanto a las empresas extranjeras y a las de capital foráneo como a los organismos del poder y a las empresas rusas donde el Estado representa más del 33% en el capital social. De continuar la nacionalización de la economía rusa, lo único que les quedará muy pronto a los partidos es confiar en la contribución de los militantes y en las donaciones de particulares.
