Ahora el panorama de Mukasey parece ser favorable, pese a que la semana pasada sus aspiraciones a ocupar el cargo que dejó en medio de escándalos Alberto González, se había complicado.
Y es que el candidato del presidente George W. Bush para ocupar la silla del Departamento de Justicia, se había negado la semana pasada, en una sesión del Senado, a calificar de ilegal un polémico método de tortura utilizado por EEUU a sus prisioneros sospechosos de supuesto terrorismo.
Aunque con recelo, el juez tuvo el respaldo de dos influyentes demócratas de la comisión, Charles Schumer y Dianne Feinstein.
Mukasey "no era mi opción ideal", dijo Schumer, pero "su integridad e independencia son respetadas hasta por sus opositores", argumentó para respaldarlo.
Por su parte, el presidente de la comisión de Asuntos Judiciales, el senador demócrata Patrick Leahy, votó en contra e insistió en que la inmersión de un prisionero hasta la sofocación para hacerlo hablar es ilegal.
"Es tortura y es ilegal", subrayó. Si ese método le fuera aplicado "a un estadounidense en cualquier lugar del mundo, ¿preguntaríamos primero sobre las 'circunstancias' y supuestas justificaciones para ello antes de condenarlo? Por supuesto que no", puntualizó.
Encuestas de medios locales han mostrado en las últimas semanas que 69 por ciento de los estadounidenses considera que la técnica de interrogación conocida como "submarino", es un método de tortura.
Pero el Gobierno estadounidense ha negado muchas veces que utilice la tortura, y prefiere denominar este acto, una técnica severa de interrogación.
Así las cosas, y pese a la polémica, Michael Mukasey, logró el apoyo de la comisión, lo que permitirá su designación sin problemas en el Senado que próximamente debe votar para ratificarlo en el cargo.
Mientras tanto, nuevas evidencias sugiere que el gobierno de Bush obligó a renunciar a un alto funcionario del Departamento de Justicia que declaró que "el submarino" era una forma de tortura, luego de haberlo experimentado en persona.
Según ABC News, el ex Vicefiscal General interino Dan Levin estaba tan preocupado por la aprobación de la Casa Blanca de "el submarino" que en el año 2004 fue a una base militar para experimentar la técnica él mismo.
En ese momento a Levin se le había asignado la tarea de reelaborar la postura legal del gobierno con respecto a la tortura. Levin concluyó que "el submarino" probablemente es una técnica ilegal de tortura a menos que sea aplicada de forma limitada y bajo estricta supervisión.
Estos hallazgos serían incluidos en un memorando que expondría la nueva postura del gobierno sobre la tortura. No obstante, Levin nunca logró concluir su informe porque fue forzado a renunciar.
