La Fiscalía General de Rusia dio a conocer los resultados de una inspección que tenía como objetivo comprobar en que grado se cumplen en el país los derechos de los niños minusválidos. La auditoría permitió descubrir más de 6.000 violaciones de diversas normativas legales.
De más de 600.000 discapacitados menores que viven en Rusia, la mitad sufre por la escasez de fármacos, sillas de ruedas o aparatos del oído. Entretanto, los defensores de derechos humanos afirman que las estadísticas oficiales no son más que la punta del iceberg y que, en realidad, la situación es todavía más espeluznante. Un niño incapaz de andar por cuenta propia puede permanecer prácticamente inmovilizado durante varios años en un orfanato común y corriente, porque no hay rampas habilitadas y las enfermeras se les acercan solo a la hora de la comida. También es habitual que dos menores se hagan turnos para salir a la calle, porque se ven obligados a compartir una misma ropa de invierno.
Formalmente, los orfanatos en Rusia no pertenecen a la categoría de instituciones educacionales, de manera que se parecen más bien a un almacén: el niño no tiene posibilidad de aprender ni educarse. Rusia todavía carece de programas especiales para la educación de menores con trastornos físicos y mentales. La posibilidad de que las cosas mejoren a raíz de la inspección realizada por la Fiscalía es mínima. El problema es que hay dos departamentos en el país - Educación y Sanidad - supervisando la situación de los niños discapacitados, y ambas entidades llevan muchos años sin poder definir el ámbito de sus respectivas responsabilidades. Quienes sufren a causa de sus disputas son los niños.
