TeleSUR / 17/08/2006. Los más emblemáticos jefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron capturados este miércoles por orden del presidente colombiano, Alvaro Uribe, en un hecho que consideró "un esfuerzo" para que la negociación con estos grupos "gane credibilidad".
Los detenidos son una decena de jefes paramilitares, entre ellos, Ramón Isaza, uno de los fundadores de las AUC; su ideólogo y ex líder político, Ernesto Báez, y el ex comandante militar Salvatore Mancuso.
Los arrestos se produjeron en forma simultánea en "Villa Esperanza", una hacienda cercana a Medellín (noroeste), en Santa Fe de Ralito, una aldea que sirvió de sede a las negociaciones (norte), Montería (norte) y Pereira (oeste).
En un comunicado de prensa, el comisionado de paz del Gobierno, Luis Carlos Restrepo, precisó que los paramilitares fueron conducidos a instalaciones policiales y que éstos "se pusieron a disposición de dichas autoridades".
Agregó que allí permanecerán hasta que jueces especiales determinen en cada caso la aplicación de una ley de justicia y paz, que reduce a entre cinco y ocho años de prisión las penas para los miembros de grupos armados desmovilizados que resulten culpables de delitos de lesa humanidad.
Restrepo aseguró además que mientras los líderes de las AUC permanezcan en estos lugares y se acojan a la ley, se mantendrá la suspensión de las órdenes de extradición contra varios de ellos.
La captura se produjo después de que Uribe reiteró este miércoles su llamado para que los jefes paramilitares se pusieran a disposición de la Justicia o de lo contrario perderían los beneficios concedidos en el marco de una negociación iniciada en 2003, entre ellos la no extradición.
"Los procesos de paz salen adelante cuando ganan credibilidad. Estos (las detenciones) son esfuerzos para que este proceso salga adelante a través de ganar credibilidad", dijo Uribe al término de una ceremonia militar en Bogotá.
Por su parte, el ex jefe militar de las AUC, Salvatore Mancuso, quien acudía a una citación judicial cuando fue detenido, dijo a periodistas que "son los requerimientos que hace el señor presidente de la República y somos respetuosos de él, del Gobierno, de la justicia. Son los compromisos que hicimos con ellos, con nuestras conciencias y con nuestro país".
En coincidencia, Ernesto Báez manifestó que las desmovilizadas AUC acatan "la directriz presidencial y, desde luego, creyendo en la palabra del señor Presidente, en cuanto a las garantías de una justicia pronta y respetuosa del debido proceso".
El Gobierno había multiplicado en la última semana sus pronunciamientos señalando que los paramilitares desmovilizados acusados de delitos de lesa humanidad debían ponerse a disposición de los jueces.
Uribe adoptó la decisión en medio de una gran presión por parte de sectores opositores, organismos internacionales y el Gobierno de Estados Unidos para que acate un fallo de la Corte Constitucional que recortó los beneficios jurídicos a los paramilitares desmovilizados.
De acuerdo con la ley de Justicia y paz, los paramilitares que dejen las armas recibirán condenas de cinco a ocho años de cárcel por los crímenes de lesa humanidad, incluyendo masacres de campesinos y civiles a los que acusaban de colaborar con los grupos rebeldes.
La Corte condicionó ese beneficio a que los paramilitares confiesen la totalidad de sus delitos e indemnicen a sus víctimas o a sus familiares, y además no les suma para la pena que reciban el año que pasaron concentrados --en el marco de la negociación-- antes de entregar las armas.
Por causa del fallo de la Corte, los paramilitares han advertido que el proceso se encuentra en estado "crítico".
