GACETA. Los defensores de derechos humanos acusan al Gobierno ruso de haber iniciado contra ellos, nada más finalizar la cumbre del G-8, una campaña de persecución por motivos políticos. La primera víctima podría ser el Centro de Asistencia a la Protección Internacional (CAPI), una ONG rusa a la que el Servicio Fiscal exige 4,58 millones de rublos por concepto de impuestos atrasados.
Según las autoridades, la ONG debía haber pagado ese importe por las subvenciones, que son beneficios imponibles. Otras asociaciones similares que funcionan gracias a becas y subvenciones dicen que esa reclamación es extensible a cualquier ONG en Rusia y derivará inevitablemente en el cierre de las mismas.
Las ONG rusas suelen financiarse mediante un sistema de becas otorgadas para proyectos específicos, gravándose dichas sumas con el impuesto sobre la renta, del 13%, cuando la beca incluye la remuneración del ejecutor, y con el impuesto sobre el fondo salarial. En cuanto al impuesto sobre los beneficios, del 24%, es aplicable únicamente a las subvenciones que no son ad hoc, por ejemplo, a los fondos que se invierten en el desarrollo de la respectiva ONG.
La legislación rusa realmente tiene algunas normativas que permiten interpretar como ‘beneficios' las asignaciones benéficas pero nadie se acordaba de esa cláusula sofisticada desde hace muchos años. Simplemente no se aplicaba.
Ludmila Alexeeva, del moscovita Grupo Helsinki, atribuye las reclamaciones fiscales al caso de Igor Sutiaguin, científico ruso acusado de espionaje. Fueron precisamente los juristas del CAPI quienes llevaron su asunto al Tribunal de Estrasburgo, tras lo cual el Gobierno ruso recibió un formulario de 23 cuestiones relacionadas con ese caso. El Gobierno no quiere una ONG que genera tantos problemas, dice Alexeeva.
Svetlana Gannushkina, presidente del Comité Asistencia Cívica, también hace referencia a ‘numerosos casos de persecuciones monstruosas, incluidas las amenazas de muerte, contra las personas que habían cursado demanda al Tribunal de Estrasburgo'.
Lev Ponomarev, líder del movimiento Por los Derechos Humanos, comenta a su vez que, si se produce el cierre del CAPI, las estructuras fiscales podrían reclamar sumas millonarias a centenares de ONG rusas.
