"Me pregunto cómo se sentirá ahora esa parte de la sociedad georgiana que estaba dispuesta a todo por la anulación de la ley sobre agentes extranjeros, motivando sus acciones por la lealtad a los 'valores occidentales'", escribió, refiriéndose a la iniciativa legislativa similar en Georgia y la reacción negativa a la misma por parte de Occidente.
La vocera citó la cronología de la presentación y aprobación por las autoridades canadienses del proyecto de ley sobre la creación del registro de agentes extranjeros, que comenzó el 3 de mayo y terminó el 18 de junio.
"En resumen: todo el proceso duró un mes y medio, una rapidez sin precedentes para un cambio tan importante en el régimen jurídico. El proyecto de ley contiene las siguientes propuestas: creación de un registro de agentes extranjeros, restricción del personal de las embajadas y creación de la oficina para el control de la influencia extranjera", apuntó.
Al mismo tiempo, continuó Zajárova, 14 grupos de disidentes canadienses escribieron una carta abierta en la que "pedían el fin de esta emergencia parlamentaria y la vuelta al trabajo normal, porque es obvio que todo esto es un intento de hacer pasar por el Parlamento una ley represiva en vísperas de las próximas elecciones parlamentarias de 2025 (sus resultados determinan el destino del poder ejecutivo)".
La portavoz rusa recalcó que los diputados de la Cámara de los Comunes canadiense "admiten abiertamente que no leyeron el documento, que se limitan a votar a favor del mismo".
De esa manera, prosiguió, "el régimen de [el primer ministro, Justin] Trudeau está sacando adelante una versión reforzada y más dura de la ley estadounidense sobre agentes extranjeros [Ley de Registro de Agentes Extranjeros] a través de un Parlamento que da su consentimiento".
"Esto es Canadá. No podría ser más occidental. La ciudadela de los 'valores occidentales'", ironizó.
En marzo-mayo de 2024, Georgia fue escenario de protestas desencadenadas por una polémica ley sobre agentes extranjeros. La ley fue aprobada por el Parlamento, luego vetada por el presidente y finalmente promulgada a principios de junio tras superar su veto. Algunos países occidentales, a pesar de la existencia de leyes similares en su legislación nacional, criticaron activamente a los dirigentes georgianos e incluso amenazaron con sanciones al país y a funcionarios concretos.
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