"La corrupción, la impunidad y la mala gobernanza, agravadas por los crecientes niveles de violencia de las bandas, han erosionado el Estado de derecho y han llevado a las instituciones del Estado al borde del colapso", sostiene el informe de la ONU.
El impacto de la inseguridad generalizada en la población —añade— es nefasto y se está deteriorando, con la población gravemente privada del disfrute de sus derechos humanos.
"Hacer frente a la inseguridad debe ser una prioridad absoluta para proteger a la población y evitar más sufrimiento humano. Es igualmente importante proteger las instituciones esenciales para el Estado de derecho, que han sido atacadas en su núcleo mismo", declaró el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.
El informe abarca el periodo comprendido entre el 25 de septiembre de 2023 y el 29 de febrero de 2024 e incluye información proporcionada por el Servicio de Derechos Humanos de la Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH).
De acuerdo con el reporte, el número de personas muertas y heridas a causa de la violencia de las bandas aumentó significativamente en 2023, cuando se registraron 4.451 muertos y 1.668 heridos, mientras que en lo que va de este año ya se registran 1.554 muertos y 826 heridos hasta el 22 de marzo.
Según el documento, se sigue utilizando la violación de rehenes para coaccionar a las familias a pagar rescates. Además, las pandillas siguen reclutando y abusando de menores que no pueden abandonar sus filas por temor a represalias, lo que, en algunos casos, ha llevado a la muerte de jóvenes miembros de las bandas por intentar escapar.
La vida cotidiana también se ve alterada por las restricciones impuestas por las bandas a la circulación de personas, bienes y servicios, agrega la ONU.
Paralelamente a la intensificación de la violencia de las bandas y a la incapacidad de la policía para contrarrestarla, han seguido surgiendo las llamadas "brigadas de autodefensa", que se toman la justicia por su mano, según el informe. En 2023 se denunciaron al menos 528 casos de linchamiento, y otros 59 en 2024.
El informe también destaca cómo, a pesar del embargo de armas, existe un suministro de armas y munición para las bandas que llega a través de las fronteras, lo que hace que las células criminales tengan a menudo una potencia de fuego superior a la de la Policía Nacional de Haití.
El informe pide controles nacionales e internacionales más estrictos para frenar el tráfico de armas y municiones a Haití. Además, reitera la necesidad de un despliegue urgente de una misión multinacional de apoyo a la seguridad para ayudar a la Policía Nacional a detener la violencia, proteger eficazmente a la población y restablecer el Estado de derecho en el país.
El informe subraya que reforzar la seguridad por sí solo no aportará soluciones duraderas y pide que se apliquen políticas encaminadas a restaurar el Estado de derecho y prevenir la violencia.