El ajuste fiscal impulsado por el Gobierno de Milei tiene uno de sus rostros más sensibles en los millones de jubilados, cuyos ingresos caen en picada ante la galopante inflación. Con haberes retraídos durante los Gobiernos de Mauricio Macri (2015-2019) y de Alberto Fernández (2019-2023), los adultos mayores están a las puertas de un nuevo recorte.
Con una jubilación mínima de apenas 105.712 pesos —unos 85 dólares a tipo de cambio paralelo—, complementada por un bono de $55.000 (46 dólares), más del 86% de los beneficiarios tiene un ingreso inferior a los $200.000, significativamente por debajo de los $313.185 que determinan la canasta básica de adultos mayores, de acuerdo a la Defensoría de la Tercera Edad.
Ante la inflación del 25,5% registrada en diciembre, producto de la megadevaluación impulsada por el oficialismo, —cuyos efectos, según consultoras privadas, se trasladarán a los precios en niveles similares para los meses de enero y febrero—, los jubilados quedaron en el ojo de la tormenta, dado que la fórmula de actualización de los haberes no contempla la suba de precios.
Comprometido a ajustar 0,4% del gasto previsional —fijado en el 7,6% del PIB según el Presupuesto 2024— para cumplir con la reducción del déficit fiscal en línea con los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno de Milei propone que la actualización de los haberes comience a regirse por la inflación a partir de abril, después del shock de precios inicial.
"Que las jubilaciones se actualicen por inflación recién a partir de abril, básicamente va a suponer convalidar toda la licuación de ingresos que vimos hasta hoy. Estamos al borde de una catástrofe que derive en una crisis humanitaria", dijo a Sputnik Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad.
"Hay seis millones de jubilados y pensionados viviendo con ingresos por debajo de la línea de indigencia y con ingresos que se van a cobrar de igual modo en febrero con toda la inflación acumulada que hubo en el medio. Es un disparate", denunció el ómbudsman de los adultos mayores.
Consultada por Sputnik, la abogada especialista en temas previsionales Laura Kalerguiz remarcó que "la nueva forma de actualización recién se aplicaría en abril, tomando como referencia el dato de inflación de febrero, que será el último disponible. Entonces los jubilados ya van a haber perdido toda la suba de precios de marzo, que va a ser cercana al 20%".
"La pregunta es si los aumentos de marzo se darán sobre el cálculo del bono incluido: no es lo mismo aumentar el 30% de $105.000 que el 30% del $160.000, que es la cifra que incluye al bono de $55.000", indicó la jurista.
La paulatina licuación de ingresos a la cual quedan condenados millones de adultos mayores no es nueva. Semino explicó que, debido a la fórmula de actualización vigente, "en 2023 las jubilaciones subieron un 140%, mientras que la inflación general fue de 211% y la de medicamentos del 310%. Hay jubilados sin poder acceder a los remedios necesarios, que solo son gratuitos para los de menores ingresos".
La modificación impuesta durante la gestión de Fernández llegó para reemplazar a la impulsada por Mauricio Macri en 2017, que fijaba un aumento basado en el incremento de la inflación —con una incidencia del 70%— y de los salarios (30%). La iniciativa supuso entonces otro recorte al poder adquisitivo: "El empalme de Macri les sacó 6% de poder adquisitivo a los jubilados y pensionados. Luego, hasta que terminó el Gobierno en 2019, perdieron casi 20 puntos contra la inflación", aclaró Semino.
En aquella ocasión, el entonces presidente dispuso un bono extraordinario equivalente a 80 dólares. Cuando Fernández reemplazó la fórmula, recurrió a la misma práctica: un complemento para los ingresos de los jubilados que cobraban la mínima. De este modo, la compensación generó que la pirámide de ingresos se "achatara": los únicos que empatarían a la inflación serían los de ingresos más bajos.
Semino lo puso en palabras: "En 2020 se aplicaron índices decrecientes que castigaron sobre todo a los que cobraban apenas por encima de la mínima. Desde ese momento, básicamente, ya no hay una pirámide de ingresos, sino una interminable llanura".
El creciente desafío que administran las sucesivas gestiones en materia previsional deriva de un problema estructural: la informalidad laboral, que atenta contra la sostenibilidad del sistema de financiamiento de las prestaciones.
En el régimen previsional asistido —la mitad de los fondos provienen de impuestos y la otra mitad de aportes de los empleadores y trabajadores registrados—, se requieren tres empleados en actividad para sostener la jubilación de cada adulto mayor. Ante la pauperización de las condiciones laborales que sufre más del 40% de los trabajadores informales, se abulta el déficit de la cuenta previsional.
Según Kalerguiz, lo más urgente atañe a la crítica situación de los jubilados antes que a la resolución de fondo. "Incluso si dieran un 100% de aumento, la mínima pasaría a ser de $210.000, que es una miseria. La respuesta no es un aumento de porcentajes, sino una recomposición de los haberes", concluyó la especialista.
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