Según consta en la versión final publicada en el Diario Oficial de la Unión, Lula retiró la posibilidad de que el Ministerio de Agricultura fuera "la única instancia capaz de decidir sobre la autorización de un pesticida en el país".
Hasta ahora, se reparten ese papel el ministerio y dos órganos estatales: el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).
Los contrarios al texto aprobado por los congresistas alertaban de que se estaba queriendo prescindir del parecer técnico y científico sobre productos potencialmente peligrosos para la naturaleza y la salud humana; ahora, con el veto de Lula, esa estructura de decisión permanecerá.
El Gobierno también vetó fragmentos de la ley relacionados con el embalaje o la creación de tasas para la autorización de productos, pero aun así, el carácter general de la norma, que facilita la entrada y uso de pesticidas en el país, permanece.
El nuevo marco legal (que los ecologistas bautizaron como "proyecto de ley del veneno") llevaba tramitándose 24 años y se aprobó el mes pasado gracias a la potente bancada ruralista del Congreso Nacional brasileño, que tiene la composición más conservadora de su historia.
Brasil es uno de los mayores productores y exportadores de alimentos en el mundo, y también el país que usa más pesticidas.
Entre 2019 y 2022, Brasil autorizó 2.181 nuevos registros de pesticidas, lo que corresponde a una media de 545 al año.
Según un reciente informe de la Anvisa, uno de cada cuatro alimentos de origen vegetal en Brasil contiene residuos agrotóxicos, prohibidos o en niveles superiores a lo permitido por la ley.
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