"Estamos ante un golpe de Estado absurdo, ridículo y perverso, (…) un golpe que no es contra Bernardo Arévalo y Karin Herrera, que no es contra el Movimiento Semilla, es un golpe contra Guatemala", dijo el político en conferencia de prensa al calificar de ilegales las acciones de la Fiscalía.
Arévalo exhortó a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional a asumir "el rol que les corresponde en la defensa de la democracia y del estado de derecho" y detener "las artimañas ilegales de este grupo de golpistas atrincherado en el Ministerio Público".
El próximo gobernante denunció que "el grupo de golpistas" que ocupa el MP dejó muy claras las intenciones de las acciones ilegales que ha llevado a cabo en el último año, las cuales empezaron "con la represión para anular la libertad de expresión y de disentir frente al poder".
"Siguieron con la persecución de la organización social y política, están ejerciendo hoy presión y extorsión contra todo funcionario que se oponga a seguir sus instrucciones ilegales", dijo.
Agregó que el ataque y las acusaciones absurdas y espurias hacia su partido, el Movimiento Semilla, carecen de todo fundamento y tienen el propósito de cancelarlo ilegalmente para impedir que haya en el Congreso la posibilidad de gobernabilidad de una bancada que lucha por el cambio en Guatemala.
Arévalo añadió que con sus nuevas acciones los fiscales del MP apuntan contra los alcaldes y diputados de los distintos partidos, lo que calificó de un golpe al corazón de la democracia guatemalteca.
En ese sentido, ratificó la demanda popular de que la fiscal general y jefe del MP, Consuelo Porras, el secretario general de este, Ángel Pineda, el fiscal Rafael Curruchiche y sus cómplices deben renunciar.
Afirmó que estos funcionarios "intentan destruir el régimen democrático y acabar con el derecho básico de las y los guatemaltecos a vivir en libertad, a escoger a las personas que deben gobernar y a removerlas de sus cargos por medio del voto en elecciones libres".
18 de noviembre 2023, 23:59 GMT
Los fiscales se pronunciaron en la conferencia de prensa por la anulación de las elecciones del 25 de junio y la segunda ronda del 20 de agosto pasados, aduciendo irregularidades en las boletas, una petición rechazada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que aseguró que los resultados de los comicios son inalterables y definitivos.
La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, subrayó que todas las autoridades electas ya cuentan con las certificaciones establecidas por ley y deben tomar posesión el 14 de enero, porque, en caso contrario, será romper el orden constitucional de Guatemala.
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