La resolución final del Poder legislativo ecuatoriano determinó que Lasso "organizó, conoció y consintió la distracción de fondos públicos, consecuencia del contrato con Amazonas Tanker Pool, lo que generó un perjuicio para el Estado a favor de terceros".
Sin embargo, los legisladores reconocieron que no pueden prohibir al exmandatario el ejercicio de cargos públicos, ya que esa medida no está contemplada en la Constitución del país.
"Tras reconocer que el expresidente ya no podía ser censurado ni destituido al no encontrarse en funciones, la Asamblea Nacional resolvió que Guillermo Lasso es responsable político por peculado y por tal razón se remitirá el expediente completo del juicio político a Fiscalía y Contraloría, para que inicien con la respectiva investigación", aseguró Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador.
30 de noviembre 2023, 02:45 GMT
Los asambleístas también rechazaron las acciones de Guillermo Lasso de utilizar la figura de la "muerte cruzada" durante el proceso de juicio político, "para eludir su responsabilidad política y posible censura y destitución, lo cual constituye un precedente nefasto contra la democracia", según un comunicado del Poder Legislativo.
La presunta corrupción cometida por el expresidente habría causado un perjuicio al país sudamericano por 6,1 millones de dólares debido al sobreprecio en un contrato entre la empresa pública Flopec y Amazonas Tanker para la transportación de crudo ecuatoriano.
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