"Este juez siendo canciller rumano (2019-2023) se dirige a Julio Borges (opositor prófugo) reconociéndolo como canciller de Venezuela, realmente una situación muy grave, ya su país había reconocido a Juan Guaidó como supuesto presidente de Venezuela (…) Cómo una persona que hoy ocupa un puesto como juez ante la Corte Internacional de Justicia puede de manera tan flagrante violentar la ley internacional y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", expresó Rodríguez en un video difundido en su canal de WhatsApp.
El 10 de noviembre, el exministro rumano de Asuntos Exteriores fue elegido juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya por votación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Al respecto, Rodríguez reiteró que su país no dejará a la CIJ la decisión sobre el Esequibo, territorio en disputa con Guayana.
"Es una grosería, es una barbaridad, y esa es la razón que debe entender nuestro pueblo, esa es la razón de nuestra postura histórica de no dejar a terceros como estos, que en nada respetaron la Constitución de Venezuela, la solución de la controversia territorial sobre nuestra Guayana Esequiba", comentó.
En reiteradas ocasiones, la administración de Nicolás Maduro ha dicho que desconoce la intervención de la Corte Internacional de Justicia para resolver el diferendo del territorio Esequibo con Guyana.
3 de noviembre 2023, 00:57 GMT
Venezuela afirmó que solo reconoce el Acuerdo de Ginebra de 1966 para alcanzar un arreglo práctico y mutuamente satisfactorio para las partes mediante negociaciones amistosas.
En 2020, la CIJ se declaró competente para juzgar la validez del Laudo Arbitral de 1899, a petición de Georgetown, en el que se estableció la frontera entre Venezuela y Guyana, localizada en la región del Esequibo.
Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la Región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo.
En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899, que le da control absoluto sobre el territorio.
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