El 6 de octubre de 2019, el Gobierno de Sebastián Piñera (2010 - 2014 y 2018-2022)
decidió incrementar el valor del pasaje del sistema de transporte público subterráneo de Santiago de 800 a 830 pesos —de 1,1 a 1,2 dólares—.
"No son 30 pesos, son 30 años", fue la frase que resumió las demandas que exigieron acabar con la profunda desigualdad que vivía —y sigue viviendo— el país sudamericano como consecuencia de la política neoliberal implementada en
dictadura por Augusto Pinochet (1973-1990). Las movilizaciones se extendieron por toda la red subterránea de Santiago y en pocas horas
sacudieron al país completo.
El profesor de políticas públicas Hassan Akram, docente de la Universidad Diego Portales, explicó a Sputnik que el 18 de octubre de 2019 fue una protesta de "profundo malestar" contra el Gobierno de Piñera, en primer lugar, pero de forma subyacente se trataba de una expresión "contra un sistema de abusos".
Miles de ciudadanos se movilizaron durante el estallido social y exigieron una educación gratuita, laica y de calidad, un sistema de salud digno, un nuevo sistema de reparto y el fin del sistema de administradoras de fondos de pensiones, entre otras demandas. Pero a cuatro años de las movilizaciones, no se ha avanzado en ninguno de los ejes centrales de las peticiones.
Para la licenciada en gobierno y gestión pública Francisca Quiroga, egresada de la Universidad de Chile,
existe un "problema grave" ligado a la calidad del
sistema político del país sudamericano.
Para la también máster en ciencia política, las élites siguen enquistadas en "las lógicas de moverse en torno al statu quo en el estado neoliberal y las lógicas del neoliberalismo están impuestas en el parlamento".
Quiroga explicó que las peticiones del estallido fueron sociales y mostraron un momento de rabia, de indignación que se mantiene hasta el día de hoy.
"Las demandas siguen en la agenda", aseguró.
El programa del presidente Gabriel Boric rescataba varios de los puntos que se habían resaltado en las movilizaciones de octubre de 2019. Sin embargo, cuando asumió la titularidad del ejecutivo, el 11 de marzo de 2022, "se produjo la moderación absoluta de los discursos. No hay oposición al neoliberalismo", identificó Quiroga.
De acuerdo a la analista, "hay un Gobierno débil en políticas públicas que está enfrascado en muchas negociaciones con un parlamento que quiere mantener el statu quo".
Para Quiroga, las Administración actual "busca gobernar con las ideas de la ex-Concertación", en referencia a la fuerza política que condujo el restablecimiento de la democracia en Chile, tras la dictadura.
Con ello, la analista refiere a lo que se ha
señalado como un viraje hacia el centro del ejecutivo chileno, con cambios en su gabinete que han otorgado los principales ministerios a militantes del Partido por la Democracia y el Partido Socialista, colectividades que fueron parte de la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de centroizquierda que gobernó el país entre 1990 y 2010.
A cuatro años del estallido social, Chile ha atravesado por dos intentos de cambiar la constitución. El primero fue
rechazado por la ciudadanía el 4 de septiembre de 2022 en un plebiscito. Mientras que el segundo, según varias encuestas, parecería estar
destinado al fracaso.
"En todo este tiempo hemos visto varios intentos de cambiar la constitución fallidos. Un Gobierno que dijo que iba a interpretar las demandas de octubre, pero sigue el nivel de endeudamiento, el nivel de malestar como siempre. Entonces no ha cambiado nada", finalizó Akram.