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"Jachaturián firmó la Ley de ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional [CPI] firmado el 17 de julio de 1998 y de aceptación de la solicitud de reconocimiento retroactivo de la jurisdicción de la CPI", indica el texto.
La Ley de Ratificación del Estatuto de Roma fue aprobada por el Parlamento armenio el 3 de octubre y entrará en vigor en 60 días, una vez concluidos los procedimientos internos.
Las Fuerzas de la oposición representadas en el Parlamento votaron en contra de la ratificación del documento.
El representante de la facción opositora Armenia, Artsvik Minasián, afirmó que el procedimiento de ratificación del Estatuto contradice la Constitución del país, y que los diputados de la facción gobernante Contrato Civil que lo aprobaron se extralimitaron en sus funciones.
El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, declaró que Ereván había decidido ratificar el Estatuto de Roma de la CPI porque los instrumentos de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y la asociación armenio-rusa son insuficientes para garantizar la seguridad del país.
A su vez, el presidente del Parlamento de Armenia, Alen Simonián, sostiene que los beneficios para el país de la ratificación del documento son muchos, ya que "se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de guerra contra Armenia". Al mismo tiempo, añadió que continúan las conversaciones con Rusia sobre las cuestiones en litigio.
Desde el Ministerio de Exteriores ruso comentaron a Sputnik que la decisión de Ereván de ratificar el Estatuto tendrá consecuencias muy negativas para las relaciones con Moscú.
Cabe recordar que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, cuya jurisdicción no es reconocida por Rusia, dictó en marzo una orden de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y la comisionada para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, al considerarlos presuntamente responsables del traslado ilegal de niños ucranianos a Rusia.
Los menores en realidad fueron evacuados a lugares seguros de las zonas de combate, donde sus vidas corrían peligro.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayó que los dictámenes de la CPI son nulos desde el punto de vista jurídico, mientras que la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, recordó que los altos cargos del Estado gozan de inmunidad absoluta frente a la jurisdicción penal, que la CPI no puede abolir.
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