A mediados de septiembre,
el abogado especial, David Weiss, acusó a Hunter Biden de hacer
declaraciones falsas en un formulario federal para comprar un arma en 2018, y de poseer un arma de fuego mientras consumía drogas ilegales o sustancias controladas.
Al respecto, el profesor de derecho de la Universidad de California en Berkeley y el abogado y comentarista legal, John Yoo y John Shu, respectivamente, consideraron que las acciones de Weiss representan un "caso de libro de texto de un dicho diferente: la justicia demorada es justicia denegada".
Pero lo más importante es que la acusación de armas de fuego, ahondan, no refleja ningún progreso en la investigación del verdadero escándalo: que el hijo menor de Joe Biden ocultó millones de dólares que recibió de empresas extranjeras. Asimismo, que distribuyó las cuestionables ganancias a través de una red de la familia Biden y el propio presidente.
No obstante, Weiss no ha presentado cargos por lavado de dinero, evasión fiscal, fraude contable, tráfico de influencias, soborno, violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y fraude postal, bancario y electrónica, puntualizan.
Además, el abogado tampoco ha investigado a dónde fue el dinero, algo que, aseguran, podría conducir a las cuentas del presidente y otros miembros de su familia.
Incluso, los expertos señalaron que Weiss se mantuvo intencionalmente ocupado en los diversos delitos penales de Hunter durante tanto tiempo, que el plazo de prescripción de los delitos cometidos entre 2014 y 2016 expiró.
En mayo, una investigación del Congreso reveló que la familia Biden y sus socios comerciales crearon más de 20 empresas y
recibieron más de 10 millones de dólares de ciudadanos extranjeros mientras Biden fungía como vicepresidente, y que algunos de estos pagos podrían indicar intentos de "tráfico de influencias" por parte de la familia.
El 20 de junio,
Hunter Biden llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para
admitir su responsabilidad en tres delitos federales. Sin embargo, uno de ellos, el de
posesión de armas por haber comprado una pistola en 2018 —cuando era adicto a las drogas— no le será imputado si se mantiene alejado de las adicciones y no vuelve a comprar armas.
Al margen de este caso, legisladores republicanos del Congreso llevan a cabo una investigación sobre los presuntos negocios irregulares del hijo de Biden, incluyendo las acusaciones de que recibió pagos de entidades extranjeras y otros asuntos de sus finanzas.
El 6 de junio, la congresista Marjorie Taylor Greene afirmó que el
holding energético ucraniano
Burisma pagó a Joe Biden y a su hijo Hunter alrededor de 10 millones de dólares para ayudar a poner fin a una investigación en contra de la compañía.