Durante el procedimiento, los agentes de la fiscalía abrieron las urnas almacenadas y contaron los votos, rompiendo la cadena de custodia electoral. Esto llevó al presidente electo, Bernardo Arévalo, a anunciar que suspendía el proceso de transición política hasta que se restablezca la normalidad política.
Arévalo también pidió la renuncia de los responsables, mientras que el Movimiento Semilla presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para frenar los procedimientos.
"El objetivo de lo que está persiguiendo la Fiscalía Especial contra la Impunidad es debilitar esa legitimidad de las elecciones", sostiene el abogado constitucionalista guatemalteco y consultor de integridad, Erik Maldonado Hernández.