"Se deja en suspenso la resolución SRC-R-3207-2023 emitida por el director del Registro de Ciudadanos hasta la conclusión del proceso electoral [el 31 de octubre próximo]", informa una resolución de tres puntos del TSE dada a conocer en la red social X (antes Twitter) este 3 de septiembre.
La suspensión temporal de la inscripción de la personería jurídica del partido político Movimiento Semilla fue ordenada por el director del Registro, Ramiro Muñoz, el pasado 28 de agosto, alegando una decisión del juez séptimo penal Freddy Orellana en ese sentido, emitida el 12 de julio precedente.
Semilla presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra esa decisión de Orellana, pedida por el fiscal especial Rafael Curruchiche, pues la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que ninguna de estas fuerzas puede ser suspendida mientras esté en marcha el proceso electoral, que legalmente concluye el 31 de octubre.
La Corte aceptó el amparo contra la medida que ponía en entredicho la participación del Movimiento Semilla en la segunda ronda de los comicios, el 20 de agosto pasado, que finalmente ganó Bernardo Arévalo con el 60,91% de los votos.
Arévalo, con una enérgica denuncia de la corrupción histórica de las fuerzas gobernantes de Guatemala y sus planes para erradicarla, se convirtió en la sorpresa de las elecciones generales del 25 de junio, al quedar en el segundo lugar y pasar a la segunda ronda, pese a que las encuestas no le otorgaban posibilidad alguna de triunfo.
De esa forma fue a la segunda vuelta frente a la favorita Sandra Torres, pues ninguno de los 22 candidatos alcanzó la mitad más uno de los votos necesaria para ser proclamado triunfador.
Poco después el fiscal Curruchiche presentó la demanda para anular a Semilla por supuestas firmas falsas para inscribirse ante el TSE y el juez Orellana ordenó su suspensión a más de un mes antes de las votaciones del 20 de agosto.
En la resolución de este 3 de septiembre, el TSE "exhorta a los tres poderes del Estado para que en el ejercicio de sus funciones, que les corresponde de conformidad con la ley, continúen velando por el respeto a la voluntad popular manifestada en las urnas, la integridad, la pureza y la eficacia del proceso electoral".
Además, los llamó "a garantizar la alternabilidad del poder mediante la ejecución y debido cumplimiento de los acuerdos y resoluciones emitidas por este Tribunal para garantizar la democracia y el estado de derecho".
Arévalo y la vicepresidenta electa, Kaein Herrera, denunciaron el 1 de septiembre "un golpe de Estado en curso en que el aparato de justicia es usado para violar la justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 20 de agosto", e impedir la toma de posesión de las autoridades electas, programada para el 14 de enero próximo.
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