En total, 58,97 % de los electores consideró que el petróleo debe quedar bajo tierra sin explotarse.
El ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, anunció que la explotación seguirá igual, ya que hay un plazo de un año para cumplir con la decisión, y que quienes deben decidir son las comunidades que viven alrededor de la zona de explotación.
La organización que impulsó la consulta, Yasunidos, exigió el cumplimiento inmediato de la decisión popular, por lo que el gobierno de Guillermo Lasso emitió un comunicado diciendo que acatará el resultado de la consulta popular cuando se oficialicen los datos de la votación.
"En el proceso que nos encontramos, desde una 'muerte cruzada' a una consulta popular, todo se está apegando a que nuestro país le está dando ya la espalda [al gobierno de Lasso]" concluye la politóloga ecuatoriana Yamel Cedeño Cevallos.