Según el diario La República, la medida aplica para cuatro inmuebles de Pedro Castillo y ocho de Aníbal Torres.
Con esta decisión, la Corte Suprema avaló el pedido de la Procuraduría General del Estado, que solicitó una reparación civil de 67 millones soles (18.649.964 dólares) tras el fallido golpe de Estado que intentó perpetrar Castillo el 7 de diciembre del año pasado.
Castillo fue destituido por el Congreso en diciembre tras intentar perpetrar un golpe de Estado. Luego de la destitución de Castillo y su posterior encarcelamiento preventivo por el presunto delito de rebelión, el expresidente fue sucedido por su entonces vicepresidenta, la actual mandataria Dina Boluarte.