"La madrugada del 25 de junio la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Antisecuestros de la Seido durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa", publicó en su cuenta de Twitter el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de México, Alejandro Encinas, de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Nuevas investigaciones indagan el papel de agentes de las fuerzas militares y policiales en connivencia con grupos del crimen organizado en los ataques contra cinco autobuses en los que viajaba un centenar de estudiantes en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando se perpetró la agresión.
El exfuncionario está acusado de "desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos", indica el mensaje de Encinas.
De los 43 desaparecidos, solo tres jóvenes han sido identificados en ocho años de investigaciones, con base en análisis de restos óseos calcinados que fueron diferenciados mediante estudios forenses genéticos, realizados en la Universidad de Innsbruck, Austria.
Tras su detención, el exjefe antisecuestros fue trasladado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, a espera de comparecer ante un juez.
Un juez federal ordenó en julio del año pasado detener a Gualberto Ramírez Gutiérrez por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, uno de los sicarios de Guerreros Unidos que participó en la desaparición de los estudiantes.
El exfuncionario es señalado de haber estado presente cuando el líder criminal fue torturado por agentes policiales para conocer el paradero de los estudiantes.
El anuncio de la detención fue hecho en el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha urgido al Estado mexicano a aclarar la confabulación de militares y policías con grupos criminales en la desaparición de los 43 estudiantes, un episodio que desde que se dio a conocer, en 2014, ha agrupado a diferentes movimientos sociales en exigencia de justicia y la presentación con vida de los jóvenes.
El tercer informe del mecanismo especial de seguimiento para avanzar en las investigaciones de ese asunto, emitido a finales de 2022, plantea investigar la instrucción jerárquica que dio lugar y permitió dichos sucesos y su ocultamiento.
El organismo interamericano señala que resulta necesario "determinar las responsabilidades de los agentes estatales que giraron y ejecutaron las instrucciones para la fabricación de diligencias a fin de obstruir la justicia".
La escuela normal rural en que se formaban los jóvenes como docentes se ubica a 90 kilómetros de Iguala, donde los autobuses en que viajaban los jóvenes fueron atacados a balazos por patrullas de policías de varios municipios y donde se detuvó a 43 estudiantes que los agentes entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos, según la Fiscalía mexicana.
Una de las hipótesis de los hechos, basada en llamadas interceptadas, indica que el motivo del ataque fue que uno de los cinco autobuses ocupados por los jóvenes en Iguala supuestamente estaba cargado con goma de opio o heroína embarcada para su trasiego hacia Chicago, Estados Unidos, lo que explicaría la reacción hostil del crimen organizado.
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