El mandato de dicha comisión –que estará compuesta por ocho miembros de todo el espectro político quienes deberán presentar sus conclusiones a fines de 2024– es determinar la demanda real de tierras de las comunidades mapuche y proponer mecanismos para responder y compensar a los habitantes afectados por la disputa territorial.
Esta instancia sería el tercer componente de un plan para reducir la violencia en la Macrozona Sur, junto al plan Buen Vivir y la declaración del Estado de Excepción.
Para obtener una mirada amplia sobre la creación de esta comisión, nos comunicamos con Juan Carlos Gómez Leyton, doctor en Ciencias Sociales y Políticas y docente universitario chileno.
"Hay intencionalidad de entregar tierras, pero las tierras que siempre el Estado ha entregado finalmente al pueblo mapuche, son las tierras que tienen un menor valor productivo, un menor valor económico", recuerda Gómez Layton.
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