Entre las medidas anunciadas están "crear tres millones de hectáreas de unidades de conservación", incorporar al Estado todas las tierras públicas que aún no tienen finalidad asignada y proteger 230.000 kilómetros de terrenos en las riberas de los ríos.
También se prevé "embargar el 50%" del área deforestada ilegalmente identificada, ampliar el número de bases estratégicas, comisarías y aviones de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas en la Amazonía y contratar a 1.600 analistas ambientales para actuar contra la deforestación.
Para impulsar las actividades productivas sostenibles, el Gobierno de Lula quiere crear sellos para certificar productos de bioeconomía en la Amazonía y llevar energía eléctrica a 120.000 puntos para estimular estos proyectos.
El anuncio se da una semana después de que la Cámara de Diputados, de mayoría conservadora, retirara competencias del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de los Pueblos Indígenas.
La cartera de Silva, por ejemplo, perdió el control de la Agencia Nacional de Aguas y del registro ambiental rural, una herramienta clave para identificar la deforestación en propiedades rurales.
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