"Si el responsable, encargado del tratamiento de datos personales o de ser el caso un tercero, es una entidad de derecho privado o una empresa pública se aplicará una multa de entre el 0,7% y el 1% calculada sobre su volumen de negocios", precisa la legislación.
En particular, señala que esta ley aplicará en el tratamiento de datos personales contenidos en cualquier tipo de soporte, automatizados o no, así como a toda modalidad de uso posterior.
El objetivo es proteger a los ciudadanos del mercado ilegal de datos como nombres, números de teléfono o correos electrónicos e información crediticia, entre otros.
Según la legislación, si el usuario no proporcionó los datos a una empresa que lo llama por teléfono para ofrecerle servicios y publicidad puede denunciarla y exigir que los borre, y si esta no da paso, podría recibir una sanción económica.
En tanto, los servidores o funcionarios del sector público que incurran en una infracción grave deberán pagar una multa de entre 10 a 20 salarios básicos unificados.
El texto legal señala el derecho de las personas a la consulta pública y gratuita ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, así como a la educación digital.
La Ley de Protección de Datos Personales fue aprobada el 26 de mayo de 2021, pero tenía un período de gracia de dos años para su aplicación.
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