En su conferencia de prensa de este lunes 22 de mayo, el mandatario indicó que la toma de las instalaciones de Ferrosur por parte de la Secretaría de Marina (Semar) no fue una expropiación, sino la recuperación de una concesión dada por el mismo Estado mexicano.
El presidente explicó que para entregar el tramo que operaban, la empresa solicitó el pago de más de 9,500 millones de pesos (más de 475 millones de dólares), cosa que, dijo, no iba a ser viable.
"Los abogados o asesores, lo expertos, mal aconsejan y vienen con una propuesta de que querían que les pagáramos 9,500 millones de pesos y pues así ya no se puede. Ni siquiera un precio justo, sino un abuso", aseveró López Obrador.
De acuerdo con lo dicho por el mandatario, se tiene que hacer un avalúo del tramo férreo que fue concesionado al Grupo México y con base a ello determinar una indemnización en caso de que les corresponda dicho beneficio.
El pasado 19 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de México el decreto por el cual un tramo ferroviario bajo gestión de Grupo México —una de las compañías mineras más grandes de América Latina— es transferido a las Fuerzas Armadas del país latinoamericano.
Según lo estipulado en el documento, se trata de los tramos de las líneas Z, ZA y FA, que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos, en el sureste del territorio mexicano.
Ese tramo, tiempo atrás, había sido concesionado a Grupo México, propiedad del empresario mexicano Germán Larrea.
La ocupación de dicho tramo, argumentó el Gobierno federal, es para la construcción del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. a cargo del Corredor Interoceánico del mismo nombre.
El traspaso de dicho tramo fue sustentando en el documento con la Ley de Expropiación, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
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