La unidad de transporte trasladaba a 52 personas, 50 de ellas presuntos migrantes, los cuales fueron presuntamente sustraídos, de acuerdo con información periodística. La Secretaría de Seguridad de Nuevo León dio a conocer tras la denuncia de los hechos que al menos nueve de los viajantes fueron recuperados por la fuerza pública.
Los migrantes "se encontraban extraviados en la zona rural de la carretera Matehuala-Saltillo, en el kilómetro 73", puntualizó la dependencia de seguridad estatal. "Alrededor de las 16:40 horas policías de Fuerza Civil encontraron a seis personas del sexo masculino que pedían auxilio. Posteriormente, se localizaron tres migrantes más".
Las personas apoyadas por uniformados neoloneses tienen edades entre los 18 y los 35 años, originarias de Venezuela y Honduras, agregó la Secretaría de Seguridad. En tanto, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, localizado en el noreste del territorio mexicano, indicó que activó labores coordinadas con autoridades de Nuevo León para atender el hecho.
El vehículo, señaló la fiscalía potosina, fue localizado en el municipio neolonés de Galeana. "Durante el transcurso de este día, martes 16 de mayo, autoridades regiomontanas informaron a sus colegas de San Luis Potosí que había sido encontrada tal unidad, que al parecer transportaba personas migrantes", señaló la dependencia estatal.
Autoridades municipales, estatales y federales atendieron la denuncia, según indicó la fiscalía potosina en su pronunciamiento.
En tanto, Grupo Fórmula señaló que el autobús transportaba a personas desde la ciudad de Tapachula, Chiapas, en la frontera sur mexicana y separada de Galeana, Nuevo León, por más de 1.700 kilómetros.
Además, el medio mexicano reportó que el vicepresidente de la oficina potosina de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) dio a conocer que la empresa transportista recibió una llamada de extorsión para exigir unos 1.000 dólares por persona para liberar a los migrantes privados ilegalmente de su libertad.
Esta desaparición de decenas de personas se da poco menos de dos meses después de que un incendio provocado en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, conurbada con El Paso, Texas, provocara la muerte de al menos 39 personas que intentaron cruzar el territorio mexicano para ingresar a Estados Unidos, un hecho que fue lamentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por autoridades de los países de origen de las víctimas.
El doctor Óscar Rodríguez Chávez, investigador en Juárez del Colegio de la Frontera Norte (Colef), acusó entonces que ese episodio violento es "consecuencia directa de un sistema y de políticas migratorias que criminalizan, victimizan y tratan de desincentivar la migración internacional de personas en tránsito por México", según una ficha informativa de ese recinto académico.
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