"Como presidenta de la República ratifico mi pleno respaldo a las Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional por su trabajo heroico y abnegado en favor de la integridad territorial, el orden interno y el desarrollo del país", dijo la jefa de Estado durante un acto público en Lima.
Previamente, la presidenta deslindó responsabilidad sobre la muerte de civiles durante las protestas, indicando que ella no posee capacidad de mando sobre las fuerzas del orden.
"Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando [capacidad de dar órdenes sobre ellas]", dijo Boluarte al diario local El Comercio.
La Constitución peruana señala en su artículo 273 que "el presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales".
Esto implica que el presidente tiene responsabilidad sobre las acciones que las fuerzas del orden ejecutan bajo su mandato como jefe supremo.
Las manifestaciones tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
En ellas y según datos de la Defensoría peruana, 61 personas fallecieron.
De ese total, 49 civiles murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, 11 civiles fallecieron por acciones indirectas causadas por las protestas y un policía murió presuntamente a manos de manifestantes.
Según un informe publicado la semana pasada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante la represión de las fuerzas del orden en las manifestaciones contra el Gobierno se registraron ejecuciones extrajudiciales de civiles.
En las protestas se reclamaba la salida de Boluarte y de los miembros del actual Congreso a través del adelanto de elecciones generales.
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