Entretanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador denunció que esto es un plan para criminalizar la protesta social bajo la excusa de combatir al terrorismo. El Gobierno de Lasso muestra su mano dura días antes que se conozca el informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea sobre el juicio político al presidente.
De acuerdo al politólogo ecuatoriano Adrián Fernando Malla, "esta medida es tremendamente peligrosa debido a la ambigüedad de la palabra terrorista. [...] Esta puede ser una excusa suficiente para la criminalización de la protesta social".
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