Ecuador se encuentra en una situación crítica en materia de seguridad con cifras récord de muertes violentas en 2022 y diversos ataques atribuidos al crimen organizado.
En este contexto, las Fuerzas Armadas se disponen a iniciar sus operaciones para combatir las bandas criminales luego de que el Gobierno considerara como terroristas las acciones perpetradas por Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).
El ministro de Defensa, Luis Lara, aseguró que se debe "enfrentar y contrarrestar esta amenaza contra la soberanía e integridad territorial, contra la democracia, libertades, derechos y garantías de los ecuatorianos".
Con el apoyo de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas buscan luchar contra el terrorismo "con toda la fuerza de la ley", de acuerdo con el líder de la cartera.
La iniciativa llega luego de que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado de Ecuador (Cosepe) —liderado por el presidente Guillermo Lasso e integrado por todos los poderes estatales y representantes de la Policía y las Fuerzas Armadas— declarara al terrorismo como una amenaza contra la seguridad integral del Estado y estableciera que va a ser enfrentada "de manera firme, con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado".
El máximo organismo sobre situaciones de emergencia en el país recomendó al Ejecutivo establecer medidas coercitivas urgentes que permitan el empleo de armas letales.
De esta manera, Ecuador podría permitir la movilización de militares en las calles, acogiéndose al artículo 226 de la Constitución y sin tener que decretar estados de excepción.
La normativa establece que las instituciones del Estado "ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley" y permite la coordinación de acciones para hacer efectivo el goce y el ejercicio de los derechos de los ecuatorianos.
En abril, varios ataques conmocionaron a los ecuatorianos. En un puerto de Esmeraldas, nueve pescadores fueron acribillados como consecuencia de un enfrentamiento entre bandas criminales, y un oficial de la Armada fue asesinado en una supuesta represalia a las operaciones antidroga que se realizaban en el puerto de Posorja.
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