Se trata de una demanda de 521 personas contra la compañía estadounidense de venta de boletos Ticketmaster y contra la Operadora de Centros de Espectáculos (Ocesa), que juntas concentran el 64,5% de los servicios de entretenimiento a nivel nacional.
De acuerdo con la Profeco, el pasado 26 de abril, el Juez Noveno de Distrito en Materia Civil de la capital del país, Guillermo Campos Osorio, calificó de procedente la demanda y admitió a proceso la acción colectiva.
En diciembre de 2022, la Procuraduría presentó la demanda de acción colectiva contra las empresas, a la que se han ido sumando consumidores hasta llegar a 521.
La acción colectiva deriva de reclamos de personas que se han acumulado desde 2021 y hasta la fecha, como cancelación unilateral de boletos e incumplimiento de condiciones y modalidades originalmente ofrecidas por los proveedores.
También por la negativa a la devolución íntegra del monto pagado por boletos, incluidos cargos por servicio, y la bonificación del 20% del costo total del boleto que indican las leyes correspondientes.
"Estas situaciones reflejan un incumplimiento generalizado en la prestación del servicio de entretenimiento respecto de diversos eventos musicales, culturales, deportivos, artísticos y recreativos, vulnerando los derechos de las y los consumidores", señaló la Profeco en un comunicado en el que calificó la acción colectiva como "un parteaguas en la defensa del derecho del uso, goce y disfrute del servicio cultural y de entretenimiento".
El último escándalo de Ticketmaster en México tuvo lugar en diciembre pasado por el concierto del artista puertorriqueño Bad Bunny en el estadio Azteca, donde miles de fanáticos se quedaron fuera por supuestas irregularidades y fraudes de la compañía estadounidense.
El 9 y 10 de diciembre se celebraron dos conciertos de la estrella del reguetón, pero miles de personas con boleto pagado no pudieron ingresar debido a que sus boletos no pasaban los lectores de seguridad de la entrada del estadio, lo cual generó caos y malestar colectivo.
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