De acuerdo con una investigación de la agencia AP, bajo la gestión de Milgram, la DEA otorgó contratos sin licitar por hasta 4,7 millones de dólares a personas que habían trabajado con ella en el pasado, cuando fue fiscal de Nueva Jersey y profesora de derecho en la Universidad de Nueva York.
Algunos de estos contratos estipulaban llevar a cabo trabajos de análisis y comunicación estratégica que, posteriormente, fueron cuestionados por especialistas por implicar una duplicidad de funciones con las labores que realizan los aproximadamente 10.000 empleados que trabajan para la agencia estadounidense antidrogas.
Contratos como el que obtuvo Lena Hacket, una exmilitante del Partido Demócrata y que trabajó con Milgram en un proyecto para renovar a la Policía de Indianápolis en la Universidad de Nueva York, estipulaba un sueldo de 257 dólares la hora, una tarifa mucho más alta que el salario que reciben empleados de planta de la DEA.
"El reporte perturbador de la [agencia de noticias] AP deja pensando a los estadounidenses si realmente pueden confiar en que la agencia está haciendo su mejor trabajo para proteger a sus familias de drogas tan letales como el fentanilo", dijo el legislador republicano, Andrew Clyde, a Milgram en una audiencia en el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes.
"Estas acusaciones son graves", dijo Clyde, quien preguntó a la administradora si tenía conocimiento de los contratos sin licitación de la DEA.
Milgram se limitó a contestar que la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia estaba llevando a cabo una investigación sobre los contratos irregulares de la DEA y que ella no iba a intervenir ni a hablar sobre el tema por "respeto a su trabajo".
"Doy la bienvenida a la investigación", aseguró Milgram.
Clyde preguntó a Milgram si conocía a Boyd Johnson y a José Cordero, dos de las personas presuntamente beneficiadas por los contratos de la DEA y que tenían relación con Milgram antes de asumir la titularidad de la agencia antidrogas.
La funcionaria admitió que conocía a ambos personajes desde antes de ser nombrada administradora de la DEA, pero rechazó dar más detalles.
Boyd Johnson es parte del despacho de Wilmer Hale, quien habría obtenido un contrato sin licitar por 1,4 millones de dólares de la DEA para llevar a cabo un informe sobre las operaciones en el exterior de la agencia y que fue cuestionado por legisladores y expertos por ser extremadamente general y prácticamente hecho a base de información pública disponible en internet.
De acuerdo con AP, Johnson es amigo a Preet Bharara, exfiscal para el distrito sur de Nueva York y cercano a Milgram, con quien trabajó en la Universidad de Nueva York. Bharara también integró el despacho de Wilmer Hale.
Cordero, un expolicía, trabajó con Milgram cuando era Fiscal de Nueva Jersey y obtuvo un contrato por adjudicación directa por 40.000 dólares por parte de la DEA.
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