"En total, ocho órdenes de arresto preventivo y 16 órdenes de busca y captura emitidas por el Tribunal Supremo se están ejecutando en los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul y en el Distrito Federal", consta en el comunicado oficial.
La nota señala que "los hechos investigados constituyen, en teoría, los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación delictuosa, incitación al delito, destrucción y deterioro o destrucción de bienes especialmente protegidos".
El 8 de enero, cientos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) invadieron las sedes del Congreso Nacional, la Presidencia y el Tribunal Supremo, reclamando una intervención militar para derrocar al Gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva, que asumió el 1 de enero.
Los manifestantes violentaron las barricadas, atacaron a efectivos de seguridad, rompieron puertas y ventanas y ocuparon parte del edificio y los techos del Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo.
Miles de personas fueron detenidas en relación con estos hechos. Algunas fueron puestas en libertad, pero casi 1.500 continúan presas y podrían ser acusadas de terrorismo e intento de golpe de Estado.
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