Lula da Silva habló con dureza sobre los castigos que se impondrán al grupo de partidarios radicales del exmandatario
Jair Bolsonaro que
invadieron el Palacio presidencial, el Congreso y el Tribunal Supremo en Brasilia el pasado 8 de enero.
Lula también lamentó que Bolsonaro siga negando su derrota electoral y que eso ayude a un grupo de "locos" a cometer actos violentos.
El mandatario actual agregó que todo lo que pasó en el país "hasta me gustaría no considerarlo como un golpe, hasta me gustaría considerarlo como una cosa menor, como un grupo de chiflados que todavía no entendieron que las elecciones acabaron, que aún no quieren aceptar que las urnas electrónicas son posiblemente el modelo electoral más perfecto".
El ministro de Justicia de Brasil,
Flávio Dino, anunció el éxito de la investigación que identificó a los posibles contratistas del centenar de autobuses que llegaron al Distrito Federal el pasado fin de semana con estos simpatizantes. Añadió que todas estas personas serán citadas a declarar en el caso del Capitolio brasileño, como lo llamó por las similitudes con
el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de EEUU cuando
Donald Trump perdió las elecciones presidenciales.
"Todavía no es posible distinguir claramente las responsabilidades en cuanto a la financiación. Lo que se puede afirmar plenamente es que hubo financiación. Tenemos una lista de todos los contratistas de autobuses", destacó.
No obstante, en las últimas horas las autoridades ordenaron la puesta en libertad de 599 sospechosos detenidos "por razones humanitarias". Como indicaron desde la Policía Federal, se trata de ancianos, personas con problemas de salud, personas sin hogar y madres con hijos.
El pasado 8 de enero, cientos de bolsonaristas que se niegan a aceptar la derrota de su líder en las últimas elecciones presidenciales
invadieron las sedes del Congreso Nacional, la Presidencia y el Tribunal Supremo, reclamando una intervención militar para derrocar al Gobierno electo que
asumió sus funciones el 1 de enero.
La multitud violentó las barricadas de seguridad, atacaron a los efectivos de seguridad, rompieron puertas y ventanas, y ocuparon parte del edificio y los techos del Palacio de Planalto. En la noche del 8 de enero la policía
consiguió retomar el control de los edificios.
Tras el ataque, Lula da Silva
anunció la intervención del distrito federal hasta el 31 de enero, afirmando que lo ocurrido fue a causa de la "incompetencia y mala fe" de quienes tenían que velar por la seguridad de la jurisdicción. La intervención se limitará a aspectos vinculados a la
seguridad.