El 9 de enero sólamente en Juliaca, Puno, hubo 18 víctimas mortales, llevando el total desde que comenzaron las protestas a 45 muertos.
El gobierno decretó toque de queda en la ciudad de Puno, mientras obtenía un voto de confianza en el Congreso que ratifique el gabinete.
El gobierno queda en pie sólo con el apoyo de poco más de la mitad del Congreso y la presidenta declara no comprender el reclamo de las protestas.
Nos comunicamos con Eduardo Gutarra, abogado peruano doctorando en ciencias políticas, para comentar sobre la reacción del gobierno de Boluarte a las protestas.
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