"Los poderes de la República, defensores de la democracia y de la Carta Constitucional de 1988, rechazan los actos terroristas, vandálicos, criminales y golpistas ocurridos en la tarde de ayer [8 de enero] en Brasilia", indica la declaración.
La nota, firmada por Lula, el presidente del Senado, Veneziano Vital do Rego, el titular de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, y la presidenta de la Corte Suprema, Rosa Weber, también afirma que los tres poderes están "unidos para que se tomen medidas institucionales".
"Llamamos a la sociedad a mantener la serenidad, en defensa de la paz y de la democracia de nuestra patria", añade la declaración.
El país necesita "normalidad, respeto y trabajo" para alcanzar "el progreso y la justicia social", concluye la nota.
Lula y los líderes de los poderes Legislativo y Judicial se reunieron en el Palacio de Planalto (sede del Ejecutivo), luego del asalto a las tres instituciones del 8 de enero.
El 8 de enero, cientos de bolsonaristas que se niegan a aceptar la derrota de su líder en las últimas elecciones presidenciales invadieron las sedes del Congreso Nacional, la Presidencia y el Tribunal Supremo, reclamando una intervención militar para derrocar al Gobierno electo, que asumió sus funciones el 1 de enero.
Los asaltantes violentaron las barricadas de seguridad, atacaron a efectivos de seguridad, rompieron puertas y ventanas y ocuparon parte del edificio y los techos del Palacio de Planalto.
En la noche del 8 de enero la policía consiguió retomar el control de los edificios.
Tras el ataque, Lula da Silva anunció la intervención federal del distrito federal hasta el 31 de enero, afirmando que lo ocurrido fue a causa de la "incompetencia y mala fe" de quienes tenían que velar por la seguridad de la jurisdicción.
La intervención se limitará a los aspectos vinculados a la seguridad.
Debido a las fallas de la seguridad, el Tribunal Supremo separó de su cargo por 90 días al gobernador del distrito federal, Ibaneis Rocha.
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