El Gobierno dispuso el 13 de diciembre detener la exportación de gas natural licuado (GNL) para asegurar el abastecimiento interno y la producción de energía en el país. La decisión se debe a la toma de la planta compresora Kámani en Kepashiato, en el departamento de Cusco (sur), lo cual incidió en el aprovisionamiento.
Al paralizarse la planta de Kámani, la medida de racionamiento de gas tomada por el Gobierno afecta a más de 850.000 hogares de las poblaciones del sur y el norte del país, afectados por las restricciones en el suministro de gas licuado, consignó La República.
"La aplicación de esta medida de emergencia afecta a la población del resto del país que depende del suministro de gas natural a través del gasoducto virtual. Ello podría generar una grave afectación a las familias y actividades económicas de las regiones que conforman estas concesiones", explicó el abogado Renato Lazo, especializado en gas natural e hidrocarburos, al medio peruano.
El abogado insistió en que Perú no tiene "un mínimo de seguridad energética" y que el sistema genera una "discriminación" que perjudica a la población. "En tres o cuatro días podemos estar enfrentando problemas de abastecimiento para las viviendas de los peruanos que viven en esas regiones del país", alertó.
A la afectación generada por el detenimiento del proceso de licuefacción del gas se suman los paros de transportistas que se dieron desde finales de noviembre, situación que agrava la provisión del hidrocarburo en el norte y sur.
El presidente de la Asociación de Empresas Envasadoras (ASEEG), Abel Camasca, señaló que más de 1,2 millones de familias no podrán acceder a un balón de gas para uso doméstico de persistir el desabastecimiento.
Camasca advirtió que la situación podría ser crítica, pero indicó que la falta de gas en las regiones del sur del país no se debe a "problemas de producción", sino "de logística, por el bloqueo de las carreteras".
Las protestas se desataron en Perú el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó a Pedro Castillo, luego de que el entonces mandatario ordenase el cierre del Parlamento. El órgano legislativo eligió a Dina Boluarte como nueva jefa de Estado, ese mismo día.
Desde entonces las protestas no han cesado; los manifestantes reclaman la liberación de Castillo y la dimisión de Boluarte. En medio de este panorama, el Congreso aprobó el 20 de diciembre el proyecto de ley para adelantar a abril de 2024 las elecciones generales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.