El organismo lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter. Según las leyes peruanas, los delitos consignados por la fiscalía pueden tener una pena de hasta 20 años de prisión.
En un mensaje televisado en cadena nacional, en la mañana del 7 de diciembre, el entonces jefe de Estado anunció la disolución del Congreso y el establecimiento de un "gobierno de excepción".
La medida tuvo lugar antes de una votación por su destitución en el Congreso impulsada por un grupo de parlamentarios opositores bajo la causal constitucional de incapacidad moral permanente.
Como consecuencia, el pleno del Congreso votó a favor de destituir a Castillo por incapacidad moral permanente y nombró, por sucesión constitucional, a la vicepresidenta Dina Boluarte como nueva jefa de Estado.
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